Testigo de Petro, reo confeso

En noviembre de 2020, Gustavo Petro realizó un debate en el Senado con base en un documento de dos testigos recluidos en La Picota. Dijo que tenían “amenaza sobre su vida”, calificó el documento como “muy interesante relato” y expresó que contenía “cuantiosas” pruebas. Esta semana se supo que uno de los testigos fue condenado a siete años y tres meses de prisión por concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones. Petro manifestó en 2020 que el testigo, junto con el otro preso, que ya estaba condenado, “han solicitado a la justicia especial para la paz que los reciba para hacer sus declaraciones oficiales alrededor de lo que hizo la Fiscalía respecto al acuerdo de paz”. Falso.

Dos meses antes El Espectador había revelado que la JEP negó el ingreso de ambos detenidos a esa jurisdicción. El documento, afirmó Petro, señalaba que se habían interceptado las comunicaciones de Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y Humberto de la Calle buscando pruebas “que permitieran vincular a esas personas con las actividades criminales del Clan del Golfo”. El fiscal Néstor Humberto Martínez “recibía informes diarios” de las interceptaciones a “los negociadores de la paz”, aseveró Petro. La fuente de Petro fue el exfiscal 32 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo. Este aceptó en un preacuerdo reciente la condena que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá.

El testigo de Petro “utilizó su cargo para concertarse ilícitamente con otros funcionarios y particulares con el propósito de obtener información privada y corporativa que, posteriormente, fue comercializada a terceros”, en palabras de la Fiscalía. Traficaba con su cargo. “Martínez Lugo utilizaba los informes de otros procesos para justificar interceptaciones y darles apariencia de legalidad”, según la Fiscalía. “Lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales”, indicó en marzo pasado. “Mi arrepentimiento es total”, añadió. En el debate de 2020, Néstor Humberto Martínez Neira negó haber ordenado interceptaciones a negociadores de paz y señaló que el documento de Martínez Lugo era un “acopio de falsedades”.

Martínez Neira denunció a Martínez Lugo por calumnia, y la Fiscalía le imputó ese delito a título doloso al exfiscal 32. No hay sentencia todavía, pero la imputación indicaría que el documento muy interesante y pleno de cuantiosas pruebas del hoy exfiscal confeso, tal como lo definió el senador Petro, no era tal. Al discurso político de Petro le convenía achacarle a NHM interceptaciones ilegales, pero Petro no tuvo en cuenta la escasa credibilidad de Martínez Lugo, una persona que echó por la borda muchos años de trabajo en la Fiscalía. En el momento en que Petro llevó al Senado el documento de Martínez Lugo, ya era de público conocimiento que el exfiscal 32 estaba imputado por espionaje corporativo.

De hecho, Petro mencionó en el debate que el exfiscal espió a pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Petro no tuvo en cuenta que a Martínez Lugo le convenía, para desviar la atención sobre los cargos en su contra, acusar de lo mismo a otro. Más extraña aun es la demora de Petro en revelar el documento de Martínez Lugo. Hizo un debate, como ya se vio, en noviembre de 2020, pero la denuncia del exfiscal 32 había aparecido en la columna de Daniel Coronell en noviembre de 2019. Es decir, el documento era un refrito. Ahora sabemos que todo fue falso, pues la otra persona que estaba en La Picota con Martínez Lugo, el exfuncionario del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, citado por Petro en el debate como coautor del documento, se retractó en 2021.

“Nunca recibí instrucciones del doctor Néstor Humberto Martínez ni conocí que se hubieran llevado a cabo interceptaciones ilegales a los negociadores de paz ni otras personas señaladas en el mismo documento”, indicó Gómez Góngora, exjefe de una sala de interceptaciones. ¿Quiénes urdieron este montaje? ¿Solamente los dos presos de La Picota? Los que divulgaron el documento de los reos ¿no deben informar a la opinión pública que no hubo chuzadas? Hace 20 años, el 20 de diciembre de 2002, Petro habló en la Cámara de Representantes: “Siempre he considerado que los medios no justifican los fines. Si uno quiere fines altruistas, equitativos, tiene que usar medios altruistas y equitativos. Si uno quiere democracia, tiene que usar medios democráticos, uno tiene que ser consecuente con los fines que se ha propuesto”. ¿El Petro de 2002 ya no era el Petro de 2020?