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Opinión

  • | 2019/04/27 22:05

    ¿Tragedia anunciada o negligencia probada?

    ¿Quién responde por los 124 contratos del Fondo de Adaptación a los que nunca se les hizo seguimiento? ¿Quién por la desfinanciación de varios de sus proyectos?

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Ya lo decía Juan Pablo Calvás en su columna del periódico El Tiempo hablando de los hechos que ocurrieron en Rosas, Cauca, y que cobraron la vida de varias personas: “¿Desastre natural? ¿Acaso la naturaleza es la única culpable de lo que pasó? ¿No es un eufemismo mirar hacia el cerro y decir, como en el bolero, usted es el culpable de todas mis angustias?”.

Las preguntas no son retóricas. El Fondo Nacional de Adaptación fue creado con el propósito de atender de manera rápida y prioritaria las emergencias que se producen en un país mal planificado como el nuestro, pero, por el camino, se ha ido embolatando entre malos y descuidados administradores y politiqueros que lo cercaron con la complicidad de unos gerentes que les hicieron el juego. ¿Habrá derecho a que el contratista de las más de 90 casas que se debían construir en el Cauca para reubicar familias en riesgo hubiera pedido tres prórrogas y que las tres fueran aceptas por el Fondo sin exigir resultados ciertos? ¿Habrá derecho a que, con todo y esa inusitada y bonachona comprensión, las casas no se hayan construido a pesar de que pasaron varios años después de la fecha inicialmente pactada?

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Lo grave es que, como este contrato, el nuevo gerente del Fondo, Édgar Ortiz, se ha encontrado otros 124 cargados de retrasos y vicios, de los cuales ya ha logrado destrabar 40, quedando 84 todavía pendientes por rescatar. Hay distintas razones para explicar por qué no avanzan los proyectos, desde que los contratistas se quedaron sin personal ni materiales hasta que existen contratos suscritos en varios frentes sin el inicio de las obras. Una cosa es cierta: las administraciones pasadas se dedicaron a repartir contratos a diestra y siniestra sin hacer seguimiento real de cada uno de los programas. Hay ocho personas en la entidad gestionando 700 contratos de vivienda que están activos. El tiempo máximo que estos funcionarios le pueden dedicar a cada iniciativa es 2 horas al mes, en el mejor de los casos, razón por la cual es más fácil que los contratistas se hagan los locos y demoren la entrega de las obras.

¿Quién responde por los 124 contratos del Fondo de Adaptación a los que nunca se les hizo seguimiento? ¿Quién por la desfinanciación de varios de sus proyectos?

Súmenle a eso que 21 de esos proyectos envainados están descentralizados, lo que quiere decir que son las alcaldías y gobernaciones –sobre todo en la región Caribe– las responsables de su gestión, o mejor, de su pésima gestión. Así las cosas, el Gobierno central escasamente puede conminar a las entidades territoriales a que presionen a sus contratistas, pero no tiene el control real sobre la suerte de estas iniciativas.

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El gerente Édgar Ortiz retiró a su llegada a 25 funcionarios que se notaba que habían ingresado a la entidad sin criterio técnico y, más bien, como el pago de favores de anteriores gerentes quién sabe a cuántos y a cuáles políticos.

Aunque en los últimos seis meses se han logrado salvar 280.000 millones con la reactivación de varios frentes de trabajo, todavía hay 654.000 millones embolatados.

Igual que pasa con la educación o la salud, los retrasos y la desviación de recursos en estos casos cobran vidas humanas. Mientras esos incumplimientos no generen un duro tratamiento penal para los contratistas avivatos y no existan normas que faculten al Gobierno a excluir para siempre a esas empresas, todos seguirán tomándole del pelo al Estado y a las entidades de control.

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¿Quién responde por los 124 contratos del Fondo de Adaptación a los que nunca se les hizo seguimiento? ¿Quién por la desfinanciación de varios de sus proyectos?... Como van las cosas, hacen falta 2,5 billones de pesos para cumplir con las promesas que hizo alegremente el expresidente Santos, sin contar con la plata para convertirlas en realidad.

En Colombia las tragedias parecen anunciadas, el incumplimiento de los contratistas, cantado, y la negligencia de algunos funcionarios, probada, sin que se generen consecuencias para ninguno. En cualquier caso, al Fondo de Adaptación hay que salvarlo, declararle una emergencia administrativa para reorganizarlo y confiar en que el doctor Ortiz le introduzca la transparencia y eficiencia de la que carecía hasta hace unos meses. ¿Lo logrará?

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