Una importante Comisión para la paz

La Comisión de personalidades nacionales prevista en el "Acuerdo de Los Pozos", que deberá hacer recomendaciones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto, es de singular importancia, porque se refiere a dos temas, que de una u otra manera afectan el proceso de paz.



La Comisión, que tendrá autonomía para sus deliberaciones y elaboración del pliego de conclusiones y recomendaciones, representa a la Mesa de Diálogo y Negociación y no a una sola de las partes y de tener todas las garantías para la ejecución del trabajo en los temas señalados, podrá, con toda seguridad, hacer una aporte sustancial a la dinámica del proceso de paz del Caguán, que recibe la influencia negativa de la extensión territorial de los grupos paramilitares y de las frecuentes masacres de campesinos y pobladores, así como del asesinato de líderes y activistas sindicales y populares, cometidos en la más completa impunidad y en muchos casos con la colaboración de agentes del Estado.



No parte de cero, sino al contrario, de una rica y voluminosa documentación, con recomendaciones incluidas, contenida en informes tales como los de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, de ONG como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, Justicia y Paz y la Campaña ¡Nunca Más! En éstos, con denuncias concretas y testimonios de las víctimas de la guerra sucia, aparece siempre la constante de la impunidad, principal caldo de cultivo para las acciones criminales del paramilitarismo, ¿cómo entender, por ejemplo, que el puerto de Barracabermeja, en el cual deambulan 5.000 integrantes de la fuerza pública, esté tomado por los paramilitares, que asesinan inermes pobladores e intimidan a miles de habitantes? O ¿cómo explicar, que en Putumayo y en el sur de Bolívar se produzcan las acciones de estos grupos, cerca de bases militares y de retenes del Ejército, que nada ven o nada sienten?



Es fundamental el compromiso de las instituciones Estado en la represión del paramilitarismo, no tanto dando dudosos "partes de victoria" para la publicidad y respondiendo con arrogancia cada denuncia en el país y en el exterior, sino actuando para cortar de raíz todo vínculo de agentes suyos con las llamadas "autodefensas ilegales". El Ministro de Defensa, por ejemplo, hace varios meses reveló en el Congreso, que hay prohombres del Establecimiento, empresarios y políticos de los partidos tradicionales, que apoyan el paramilitarismo. Denuncia importante pero incompleta, porque le quedó debiendo al país los nombres de esos auxiliadores, realmente existentes. En el caso de los partidos tradicionales, es importante separar de sus filas y no cohonestar con caciques regionales, en particular del Magdalena Medio, la Costa Atlántica, Meta y Caquetá, de reconocidos vínculos con las llamadas AUC. Es imprescindible que se aclaren los nexos y oscuras relaciones de Castaño con la CIA y la DEA de Estados Unidos, que se apoyan en él para los planes intervencionistas y contrainsurgentes en el país, como lo han denunciado importantes medios estadounidenses y lo reclaman aún congresistas de ese país.



Amén, de que para disminuir la intensidad del conflicto, además de que las partes aborden la discusión de temas como el cese de fuego, la aplicación del D.I.H. y el cese de hostilidades, es necesario asumir sin dilaciones, la discusión de la "Agenda Común", al fin y al cabo lo sustancial del proceso, porque de la profundidad de los cambios políticos, sociales y económicos dependerá la solución política del conflicto. El Establecimiento no puede seguir eludiendo la real apertura democrática, política y social, que haga viable la paz en Colombia. En este sentido, no contribuyen a bajar la intensidad del conflicto, que también es social, las medidas del gobierno de Pastrana, apoyadas por el socio bipartidista, de descargar la crisis del país y el necesario ajuste fiscal sobre los hombros exclusivamente de los trabajadores y del pueblo, mediante la aplicación del acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, los despidos, las privatizaciones, la aprobación del Acto Legislativo 012 que modifica las transferencias de la Nación a departamentos y municipios, con graves implicaciones para la salud y la educación, la ley permanente de guerra y el peligro para los derechos humanos y las garantías constitucionales, la reforma de las pensiones y la llamada flexibilización laboral.



La arremetida antipopular es combustible para el conflicto, que se retroalimenta en el vacío de democracia, en el exterminio de activistas sindicales y populares y en la atrofia del tejido político y social, en favor de un sistema antidemocrático y de privilegios para los capitalistas.



(*) Miembro de la Comisión y director del semanario VOZ