Volver al Estado benefactor

La semana pasada en el periódico El Tiempo apareció una noticia titulada: ‘Y ¿quién se acuerda del estrato 3?’. En el artículo se describen los problemas que enfrenta una familia de estas características. Estos problemas incluyen garantizar la educación de los hijos, pagar servicios públicos y la medicina prepagada, así como olvidarse de salir de vacaciones y tener los recursos para cotizar a los fondos de pensiones. Al final el autor relata algunos proyectos de las senadoras Cecilia López y Martha Lucía Ramírez, cuyo objetivo es mejorar la situación de estas familias. Las soluciones propuestas son aumentar los créditos del Icetex para la educación superior, ofrecer créditos blandos a los microempresarios y pagar los servicios públicos de acuerdo con ingresos familiares.

El hecho que las senadoras estén pensando en el grupo de personas que pertenecen a este estrato y que propongan soluciones a sus problemas es un paso hacia delante. Sin embargo, las soluciones demuestran que se está pensando el asunto en términos de soluciones individuales y no como políticas públicas sociales con metas universales más cercanas a las de un Estado benefactor.

Las políticas del Estado benefactor han sido ampliamente criticadas desde finales de los 80 en Colombia y el mundo. Estas críticas las podemos recitar de memoria: los subsidios no les llegan a los que los necesitan, los empleados públicos se roban la plata, y el Estado colombiano es pobre y no tiene recursos para garantizar servicios universales.

Es sorprendente que los mismos argumentos se usan para criticar los programas sociales existentes diseñados que se crearon para desmontar el Estado benefactor. Veamos algunos ejemplos. Los ataques al Sisbén muchas veces se reducen a que no funciona porque no siempre les llega a los más pobres, porque los que efectivamente están inscritos no son los más necesitados, o porque los que de verdad lo necesitan no saben qué es, cómo funciona o cómo acceder a él. Que la corrupción en Colombia no cede. Semanalmente, si no diariamente, aparecen noticias en los periódicos denunciando la malversación de fondos destinados para programas sociales, como en el caso de la bienestarina que se vendía para engordar cerdos. Y, peor aún, cuando los jueces deciden garantizar derechos económicos y sociales a los individuos, como cuando garantizan el acceso a la salud, la crítica es que los jueces están decidiendo sobre recursos públicos escasos.

Entonces, si las mismas críticas se le aplican al estado benefactor que a las políticas sociales de un estado reducido, ¿no será que el problema es que se quiere proteger la desigualdad existente en Colombia? En otras palabras, ¿cualquier política cuyo objetivo sea la redistribución de recursos es sospechosa y defectuosa? En este sentido, mejorar las soluciones a las que tienen acceso los individuos: créditos del Icetex; créditos blandos para microempresarios y pago de servicios de acuerdo con los ingresos, se van a enfrentar con el mismo tipo de críticas.

Por estas razones nos debíamos preguntar ¿qué nos impide volver a pensar en la función benefactora que debe cumplir el Estado en la sociedad? Yo creo que si las críticas se aplican a todo tipo de políticas y a pesar de los cambios la desigualdad persiste, considero que deberíamos retomar el debate sobre las bondades del Estado benefactor.

¿Qué cambios implicaría este cambio de perspectiva? En primer lugar, volveríamos a tener un intercambio democrático de ideas acerca del tipo y la calidad de bienes cuyo acceso debe garantizar el Estado, teniendo claro que las soluciones individuales no solo no solucionan la desigualdad sino que en muchos casos dejan amplios sectores de la población por fuera como lo demuestra el artículo de El Tiempo. En este sentido nos tenemos que apartar de hablar en términos generales de ‘servicios públicos’ ‘educación’, ‘salud’, ‘información’ y darle un contenido más concreto a lo que debemos garantizarles a los colombianos, pues finalmente el Estado y sus recursos somos todos nosotros.

*Profesora de la Universidad de Los Andes, Directora de la Maestría de la misma institución, miembro de la Cátedra de Género y Justicia y miembro fundador de Dejusticia.

Dejusticia (antes DJS) es un centro de pensamiento creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.