Hacia el suicidio minero-energético

En contraste, la minería ilegal, la deforestación y los constantes ataques a la industria petrolera que tanto afectan el medio ambiente, poco o nada les preocupan y no parecieran estar en el foco de atención de este mismo grupo de parlamentarios.

El reciente proyecto de ley radicado para la prohibición del fracking y los argumentos esgrimidos por la senadora Angélica Lozano en días pasados en una entrevista en SemanaTV pusieron en evidencia que además de tener como un dogma dicha prohibición, no hay plan B o propuesta estratégica sobre cómo generar los recursos de los cuales tanto depende el Estado colombiano. También dejó claro que su propósito es que no se hagan los pilotos como el mismo Consejo de Estado ya lo había autorizado.

Lo que está en juego implica que importar crudo y combustibles significaría un costo cercano a los $30 billones anuales que le harán falta al Estado y que no pueden pretenderse suplir a través de más impuestos a las empresas en futuras reformas tributarias. Estamos cerca al precipicio y al parecer algunos quisieran empujar al país de una vez.

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A Colombia solo le quedan cinco años de reservas de petróleo y ocho años de reservas de gas, y es claro que continuar exclusivamente bajo el modelo de exploración convencional pondría en riesgo la independencia energética. Si bien son conocidos los debates sobre los eventuales riesgos del fracking, para eso se conformó una comisión independiente de expertos que entregó unas recomendaciones al Gobierno nacional dentro de las que se encontraba la realización de pruebas piloto que permitieran tener información sobre el desarrollo de esta técnica en Colombia.

Mencionar sin contexto que países como Alemania y Francia han formulado observaciones a la técnica del fracking, sin entrar a valorar si han eliminado del todo el uso de fuentes de energía que igual acarrean riesgos ambientales, es tendencioso o cuando menos ingenuo. Los europeos ingenuos no son. Si bien otros países son conscientes del compromiso de proteger el medio ambiente, ninguno ha dado un salto al vacío de esa forma condenando su seguridad energética y fiscal.

Ante la inminente terminación de reservas en Colombia, el tema viene discutiéndose ya hace varios años. Cada vez que pareciera arrancar definitivamente este proceso a través de la expedición de nuevas reglamentaciones, otorgando una aparente seguridad jurídica a quienes hacen inversiones y están en la legalidad, el tema es nuevamente demandado y quedan suspendidos todos los procesos y las inversiones.

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Mientras tanto, lo que no se ha detenido es la ilegalidad. En los últimos cuatro años la Fiscalía puso en evidencia y atacó la minería ilegal, las operaciones de lavado asociadas a la misma, que son cercanas a los $5 billones, y se produjeron operativos contra la deforestación ilegal como el del Parque Nacional los Picachos, entre otros.

En otras palabras, mientras las autoridades judiciales atacan la extracción ilícita, en el Congreso a algunos les preocupa más atacar la actividad legal.

Quienes están en la legalidad celebran por supuesto las actuaciones judiciales, pues de lo que se trata es que el Estado vaya tras la competencia desleal e ilegal que hace que la racionalidad económica de cumplir la ley tenga sentido. Pero también se percibe que desde algunas orillas se sigue tratando de penalizar al que invierte y trata de cumplir con toda la normatividad.

Nadie niega que sea importante lograr un modelo de transición de una economía menos dependiente de las industrias extractivas hacia una más industrial y de servicios. Pero este cambio no puede pretender hacerse prohibiendo la actividad de la noche a la mañana.

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Si lo que se quiere es discutir es la forma de hacer la transición, podrían observarse modelos como los de Noruega o Emiratos Árabes Unidos, donde la renta petrolera está administrada en Fondos Soberanos de Inversión. Estos fondos se dedican a la creación de empresas como la reconocida aerolínea Emirates y otras en el sector turístico, financiero, industrial y comercio que generan miles de empleos sin abandonar el aprovechamiento de la renta petrolera.

En Colombia durante muchos años se han perdido cuantiosos recursos, bien sea en corrupción o ineficiencia, en proyectos que no han representado beneficios cuantificables para la población. Valdría la pena pensar si en la era poscovid, en donde la inversión y la creación de empresas escasean, no sería más eficiente administrar parte de las regalías a través de este tipo de iniciativas.

En épocas de reactivación económica, las propuestas de nuestros honorables parlamentarios deberían estar encaminadas a la generación de empleo y riqueza para los colombianos. Como lo demostraran las autoritarias cuarentenas del coronavirus, estrategias de mera prohibición sin valorar adecuadamente las consecuencias económicas para los ciudadanos, no son un camino correcto de política pública.