MARIO VALENCIA
Las víctimas del FMI
El Fondo Monetario Internacional es una institución que durante décadas ha realizado recomendaciones y exigencias de política económica, especialmente hacia los países de América Latina, a cambio de fondos de emergencia suministrados como consecuencia de los desastres causados por sus mismas recetas.
Desde que el mundo cambió tras el fin de la Guerra Fría, el FMI ha sido responsable directo de las crisis económicas y sociales que llevaron a América Latina a ser la región más desigual del planeta, según Naciones Unidas. Mientras países como Corea del Sur, Singapur, China e incluso India han presentado un desarrollo descomunal en las últimas cuatro décadas, nuestra región ha quedado relegada a ser un proveedor global de materias primas y recursos naturales de bajo valor, dependientes de las turbulencias financieras y sus efectos en los precios de los productos básicos, y con salarios y poder adquisitivo considerablemente menor que las naciones desarrolladas.
Consciente de esto, en junio de 2016 el entonces investigador y hoy subdirector de investigaciones del FMI, Jonathan David Ostry, publicó un artículo en la revista Finanzas y Desarrollo, de la misma institución, en la que afirma que “en lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales aumentaron la desigualdad, lo que a su vez dificultó una expansión duradera”. Agrega que “la liberalización total de los flujos de capital no siempre es una finalidad adecuada” y finaliza reconociendo que “las políticas de austeridad no solo acarrean sustanciales costos para el bienestar (…) sino que también perjudican la demanda, agravando el empleo y el desempleo”.
Semejante confesión fue tomada por el mundo académico como un reconocimiento del error en las medidas impuestas. Pero la dicha no ha durado mucho. Dieciocho años después del corralito argentino, el FMI prestó al gobierno de Macri USD 57.000 millones, la cifra más alta desembolsada a cualquier nación. Un año después su moneda había perdido el 58 % del valor, la inflación superaba el 55 % anual y el gobierno había anunciado un nuevo cese del pago de la deuda. La economía está destruida y tras ser una nación próspera hoy la pobreza cubre al 35,4 % de su población.
Como si fuera poco, lo mismo fueron a hacer a Ecuador. Tras un crédito de USD 4.200 millones, el FMI exigió al gobierno de Lenín Moreno la implementación de medidas de liberalización de los precios de los combustibles, reformas laborales de flexibilización y tributarias de más impuestos al consumo. El “milagro ecuatoriano” logrado por Correa, como lo tituló la revista Dinero en enero de 2014, con su “revolución de infraestructura”, un crecimiento promedio de 5 % “jalonado por una inversión pública sin antecedentes”, fue destruido por Moreno y su obsecuencia con las medidas fracasadas de la institución.
En Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos dejó aprobado un cupo de crédito flexible con el FMI por USD 7.848 millones. En la última revisión de la institución, en mayo de 2019, se advirtió de la alta exposición del país a “riesgos externos” por su dependencia al petróleo y los bonos del gobierno en manos extranjeras. Además, el FMI ha exigido las reformas laborales que ahora aparecen como una genialidad de Anif y el Consejo Gremial. En el reporte de abril de 2019 la entidad destaca que las reformas tributarias han “recortado las contribuciones a la seguridad social”, que según ellos son una carga para la formalización. También celebran el “fortalecimiento de los impuestos indirectos”, especialmente el del IVA, y registran que el país está trabajando de la mano con la Ocde en las “reformas a las normas laborales”.
La estrategia es calcada, no trae nada novedoso y por eso el gobierno Duque lanza distractores como la economía naranja, el emprendimiento y las peloteras partidistas, para que los medios se entretengan con eso y no registren que la siguiente víctima del FMI, en orden de lista, es Colombia.