Los derechos de los venezolanos

La absurda y polémica propuesta de Claudia López de deportar a los venezolanos que cometan crímenes solamente tiene un aspecto positivo: abrir con fuerza el debate acerca del impacto de esta población migrante en nuestro país con más de 2 millones de personas, de las cuales más del 50% vive ilegalmente en Colombia, más del 25% no tiene empleo y alrededor del 60% que está empleada gana menos de un salario mínimo.

Vivimos una realidad preocupante: no tenemos políticas públicas suficientes para enfrentar este problema y se está cocinando un profundo resentimiento social contra los venezolanos. Hacen parte de la conversación cotidiana, en todos los niveles socioeconómicos, los comentarios de desprecio, subestimación y recelo contra los migrantes del hermano país.

"Que se quedan con los puestos de trabajo de los colombianos", "que se ‘regalan‘ por menos plata", "que no exigen seguridad social", "que muchos prefieren robar y no trabajar", "que dañaron el ambiente del transporte público", "que se acabó la paz en los barrios por sus gritos de limosna", etc., etc.

El trasfondo de esta realidad sociolingüística es el riesgo de los derechos humanos de los venezolanos que están con nosotros, generando una situación de vulneración de su dignidad. Diariamente, escucho decir “no les arriendo a venezolanos” o “no les vendo a venezolanos”, o “no les presto a venezolanos”. Y creo que solamente oigo una ínfima parte de todo lo que se dice contra ellos.

Se nos olvida, comenzando por la Alcaldesa de la pluralidad y la inclusión, que todos los migrantes tienen los mismos derechos que nosotros, porque los derechos humanos son los mismos derechos de los migrantes. El derecho internacional no establece diferencias. 

Nuestro Estado y nuestra sociedad deben detener esta tendencia porque estamos abonando el terreno del abuso, el conflicto y la violencia en nuestro propio patio. El Estado, en cabeza del Gobierno Nacional y particularmente del Ministerio del Interior, en coordinación con gobernaciones y alcaldías, debería hacer pedagogía sobre los derechos de los migrantes que, como colombianos, debemos respetar: todos somos iguales, todos tenemos derecho a la protección contra la discriminación, toda persona tiene derecho a la libre circulación y a la libre elección de su lugar de residencia, toda persona tiene derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Criticamos a Trump por sus comentarios contra los derechos de los migrantes, pero vamos en el camino de imitarlo.

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Nuestro lenguaje cotidiano contraviene todos estos derechos y las consecuencias empiezan a ser más preocupantes en el día a día: agresividad verbal contra los colombianos, uso más frecuente de armas blancas, surgimiento de bandas criminales y violencia de género, además del hurto cotidiano. De no detener esta tendencia, podríamos enfrentarnos en meses a un serio problema de seguridad nacional porque los venezolanos también se están integrando a las bandas de narcotraficantes, a los grupos subversivos y a los grupos de desmovilizados dedicados a la extorsión y el secuestro.

El Gobierno Nacional también debería revisar el CONPES expedido en 2018 (dos años en el tema migratorio venezolano es mucho tiempo) para ajustarlo a esta nueva realidad que vivimos y así cerrarle la puerta al oportunismo político y populista de algunas autoridades que buscan pescar en río revuelto. Necesitamos garantías reales contra la discriminación -tanto social como laboral-, particularmente porque es la principal causa del conflicto entre los dos pueblos que conviven en el mismo territorio. No conviene que el Gobierno se relaje, asumiendo que la pandemia regresó a miles de venezolanos a su patria.

El sector empresarial tiene un papel por jugar también. La Andi, a través de su Fundación, dio un importante paso al crear un documento de lineamientos generales sobre la inclusión laboral de migrantes, que orienta a las grandes empresas en Colombia hacia la consolidación de una visión: los migrantes como fuente de competitividad y desarrollo económico.

Pero se quedan por fuera de esta valiosa estrategia las pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de los empleadores del país, producen el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplean más del 65% de nuestra fuerza laboral. En esos ambientes, que en promedio emplean entre 5 y 20 personas y tienden a ser más informales -laboralmente hablando-, se generan con más frecuencia situaciones de inequidad y exclusión que pueden estar desalentando el interés de los venezolanos de insertarse en el mercado laboral y acudir- en consecuencia- a otras formas de sobrevivencia.

En suma, necesitamos una regulación gubernamental que responda mejor al reto migratorio de la comunidad venezolana y una actitud autorreguladora más decidida por parte de las empresas, no solamente para emplear a más venezolanos promoviendo condiciones de competencia igualitaria y sana con los colombianos, sino alentando una actitud social -dentro y fuera del lugar de trabajo- que sea incluyente, respetuosa y compasiva. Nos urge un código de convivencia que nos lleve a humanizar nuestra relación con los venezolanos y no a deshumanizarla, como propone la alcaldesa.

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