Poner a rodar la economía

Cuando se pueda controlar el coronavirus y deje de ser una amenaza mortal, todos los gobiernos del mundo tendrán que poner en marcha planes para poner de nuevo en marcha la economía. De las decisiones que tomen dependerá o que se sumerjan en una profunda recesión con pérdida de empleos y deterioro del aparato productivo, o que puedan salir rápidamente y recuperar el ritmo paulatinamente sin sacrificar el empleo, ni acabar con el sector productivo, ni con la sociedad.

La segunda salida seguramente es lo que todos desean, pero no será el resultado de todas las medidas económicas que se adopten, el costo social, económico, y en años de desarrollo, será mayor para las economías que se queden ancladas a paradigmas de contención a ultranza del déficit público; de no imprimir moneda para financiar al Estado; de no usar las reservas para evitar volatilidad en los mercados cambiarios; de dejar que el mercado sea el que solucione los desbalances; de buscar la inversión por la vía de rebajar impuestos; y renunciar a la regulación estatal en absoluto. Quienes opten por ese camino, en poco tiempo se encontrarán vencidos, con elevados problemas económicos y sociedades exhaustas, habiendo desperdiciado tiempo valioso.

En esa línea lo que le corresponde al Gobierno colombiano es empezar a preparar un paquete de medidas que ponga en marcha la economía teniendo en cuenta que la gasolina que mueve ese carro se llama demanda, y esta igual que todo combustible se compra con dinero. 

El primero que tiene que ponerse en búsqueda de dinero es el propio Gobierno, por lo cual no le queda más remedio que tramitar una reforma tributaria a más tardar iniciando 2021, está vez le tocará recortar los beneficios tributarios tasados en $78 billones de pesos, seguramente desmontando varios de los que otorgó en la Ley de Crecimiento y que aumentaron el gasto tributario en 1% del PIB. Ir a buscar recursos en IVA a la canasta familiar no es viable, ni política ni económicamente, puesto que los hogares no tienen capacidad para asumirlo. Entonces la próxima tributaria grabará la renta de capital, recortará beneficios tributarios, y tal vez termine reviviendo el impuesto al patrimonio.  

A fuerza de la realidad es necesario que se apruebe la ley de pronto pago para las mipymes con el propósito de que les paguen en plazos de máximo 90 días para que puedan obtener liquidez e ir reincorporando a sus trabajadores. No se trata de si el Estado debe inmiscuirse en los plazos de pago, se trata de que la economía funcione y el dinero fluya hacia las mipymes que son las que generan el 80% del empleo del país, o dejarlo a la deriva.

La demanda se reactivará si los hogares y el Gobierno gastan, los primeros dependen de su salario para hacerlo, y el segundo de los impuestos, por eso le toca meterse de lleno en la protección de las pymes y en recoger dinero de las fuentes que lo tienen. Así mismo deberá incurrir en mayor déficit para hacer inversión, su financiamiento debe contemplar inclusive la emisión monetaria desde el Banco de la República, si lo hace a punta de deuda o impuestos lo único que hará es generarle cuellos de botella a la economía porque la deuda hay que devolverla con intereses y demasiados impuestos frenaran la actividad, por mucho que se usen gastando para activar la economía. 

Sentarse a discutir las tasas de interés con el sistema financiero es una tarea ardua que el Ejecutivo deberá emprender, si las tasas de interés se mantienen en los niveles actuales de 29% para el consumo y de 11% al 17% para pymes es obvio que ni los hogares ni pymes podrán pagar, con dos consecuencias, deterioro de la cartera y contracción del crédito porque la banca se volverá más exigente para desembolsar. 

En este último aspecto hay espacio, el año pasado los bancos colocaron bonos por más de $7 billones a plazos entre 3 y hasta 25 años pagando tasas efectivas por debajo del 7%, entonces reducir la tasa de colocación es viable, claro eso reduce la rentabilidad de sus activos, pero los protege de una espiral de impagos en medio de una economía paralizada y donde el valor de las garantías también se erosiona.