Progreso social y pandemia

Basado en las experiencias de otros países, es perfectamente posible que la cuarentena se extienda por varias semanas más, incluso hasta junio o julio. Son al menos tres meses más de cuarentena, entendiendo que la reapertura de la economía será gradual.

En este escenario, es necesario pensar sobre los efectos económicos y sociales de esta pandemia, que pueden ser comparables o incluso peores a los efectos en salud. Así como en el área epidemiológica, el número de contagios es el indicador clave, en lo económico y social el empleo es la cifra a monitorear. Independientemente de que sea formal o informal, más de 80% de los ingresos de los hogares proviene de esta fuente. Lo que pase con el empleo tiene un efecto directo en la pobreza del país.

A Colombia le ha tomado cerca de tres décadas reducir la tasa de pobreza de más de 50% a 27%. Es decir, 30 largos años para que un cuarto de la población logre mensualmente acceder a una canasta básica de consumo. Esta nueva clase media, denominada clase media vulnerable, ya que suele conservar rasgos similares a los de los hogares pobres como alta informalidad y carencia de servicios financieros, está excluida de la oferta social del Estado y tampoco cuenta con ahorros suficientes para soportar tres meses sin trabajar.

La política fiscal ha sido clave en la lucha contra la pobreza. Los cálculos de Nora Lusting, profesora de Tulane, señalan que por cuenta de impuestos, subsidios y transferencias se ha reducido la tasa de pobreza monetaria en cerca de 13 puntos porcentuales en Colombia. Esta fórmula, que ha probado ser útil, deberá ser parte del paquete del Gobierno para no perder, en 3 meses, décadas de progreso social.

Por supuesto, hay que ayudar a los más vulnerables y para ello existen instrumentos de política –como la red de protección social– que han probado su efectividad; pero debemos también proteger a esa clase media vulnerable que se enfrenta a un choque del tamaño de un tsunami y que, como tal, puede revolcarla y dejarla nuevamente en condición de pobreza.

El Gobierno presentó hace unos días un paquete de medidas enfocadas en la protección del empleo que son un paso en el camino correcto, pero es necesario avanzar de manera más estructural en la flexibilización del mercado laboral.

En esta coyuntura se hacen aún más claros los efectos negativos de la informalidad, y solo podremos avanzar en formalizar la economía si flexibilizamos y hacemos progresivo el proceso de formalización. La realidad suele ser un buen punto de partida para diseñar regulación. Algunos ejemplos:

1. Muchas personas trabajan por horas, o algunos días a la semana. ¿Por qué no retomar la iniciativa de salario mínimo por horas?

2. Vamos a necesitar flexibilizar horarios de trabajo para evitar congestiones. ¿Por qué no repensar los cargos extras por nocturno o dominical? ¿Este no debería ser un tema que acuerden empleado y patrono?

3. Vamos a utilizar ampliamente esquemas de teletrabajo. ¿Qué sentido tiene el subsidio de transporte o el de dotación?

4. ¿Para qué mantener altos costos de despido que frenan decisiones de nuevas contrataciones?

5. ¿Cuál es el punto de conservar como obligatorios pagos parafiscales que más de 50% de los trabajadores no realizan? ¿Por qué la formalidad no puede ser gradual? La bancarización masiva de quienes están recibiendo subsidios sería un buen comienzo, además de minimizar el uso de efectivo que también propaga el virus.

Cada crisis trae oportunidades, y esta no será la excepción. Aprovechémosla para avanzar en un problema estructural y evitar al máximo retroceder en el campo social, perdiendo trabajos y por esta vía retrocediendo años en la lucha contra la pobreza.

Ojalá el tablero de control de Presidencia pudiera llevar la doble contabilidad del número de contagios por covid-19 y el de hogares que vuelven a caer en pobreza para ajustar las medidas y, con la celeridad que permite un estado de excepción, minimizar los costos sociales de esta pandemia.