¿Un Ministerio del Sentido Común?

Moreno sacaba a colación el hecho que en Colombia hay casi cuatro veces (más de 600) abogados por cada cien mil habitantes que en el promedio de los países de la Ocde (180).

Tenemos cerca de 180 facultades de derecho en el país, de las cuales acreditadas solo hay 50. Las otras son fábricas de mediocres que gradúan en su mayoría leguleyos que se encargan de crear, para justificar sus cargos, cada vez más normas y reglamentaciones, muchos de ellos talanqueras burocráticas inútiles que obstaculizan el desarrollo del país. 

Como empresario, doy fe de la tragedia que es cumplir y llenar todo tipo de requisitos burocráticos para las agencias estatales, ya sea de orden local como nacional. Fácilmente, el “back office” de cualquier empresa dedica entre dos a cuatro meses de trabajo en cumplir con la avalancha de requerimientos que exigen desde la Dian hasta las múltiples superintendencias. Es el equivalente a que casi una tercera parte de la empresa estuviera dedicada exclusivamente a llenar formularios.

Los requisitos burocráticos, que en general no añaden ningún tipo de valor agregado a la actividad económica, y muy por el contrario lo que hacen es obstaculizar la productividad, tienen en Colombia responsabilidad directa en promover lo que puede ser el mayor cáncer de la economía colombiana: la informalidad. 

Los informales, como bien lo señalaba el economista Miguel Gómez Martínez en reciente artículo, son unos 12 millones de colombianos que “derivan su sustento de actividades productivas que no están  registradas, no pagan impuestos, no cotizan a la seguridad social y no tienen ninguna garantía de estabilidad. Los vemos en cada esquina y calle del país vendiendo arepas y empanadas, artículos de contrabando, lustrando zapatos, ofreciendo café y frutas, transportando gente en motos y miles de otras actividades tan diversas como creativas.

Es gente buena, que no es perezosa, que trabaja y se esfuerza por salir adelante. Pero el sistema económico formal no los ha incorporado porque no poseen la formación necesaria o porque la oferta de puestos de trabajo es muy insuficiente… Los informales no pagan impuestos ni tienen que cumplir con la absurdas y numerosas reglas que los políticos y gobernantes se inventan para justificar sus funciones. La economía formal tiene muchos inconvenientes que hacen muy difícil hacer empresa en la legalidad.” 

Santiago Montenegro, igualmente hace unas valiosas reflexiones sobre la informalidad: “en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que Colombia jamás entrará  plenamente en la modernidad con un 64% de informalidad laboral y un nivel semejante de informalidad empresarial. Por esa informalidad, la cuarentena dejó inmediatamente sin ingresos a millones de personas, que viven de lo que venden día a día, sin un fondo de cesantías al cual acudir o sin posibilidad de acceder a una línea de liquidez diferente al “gota a gota”, ¡que les cobra un 30% de interés mensual! Tenemos que eliminar o reducir significativamente dichos niveles de informalidad.”

En días pasados, Martín Lindstorm, el gurú del branding, publicó un libro cuyo título es el “Ministerio del Sentido Común”. Para Lindstorm, la burocracia en el sector privado y público, por bien intencionada que sea, tiende es a paralizar a las empresas y al Estado. 

En muchos sectores del sector privado se ha impuesto el Presupuesto Base Cero (PBC). El PBC es un proceso de elaboración del presupuesto que asigna fondos según la eficiencia y necesidad para alcanzar los objetivos de la organización en lugar de considerar el historial presupuestal de años anteriores. 

A diferencia de la elaboración tradicional de presupuestos, ninguna cuenta se “presupuesta” en forma automática. Lo que el Gobierno de Duque debería estudiar es la creación de un Ministerio del Sentido Común con amplias atribuciones laterales. 

Todos los años los entes de control como son las superintendencias tendrían la obligación de justificar, una a una, la infinidad de leyes, normas y reglas que tienen. Las que no puedan justificar ante el Ministerio, automáticamente serían derogadas. A través de un Ministerio de Sentido Común esta puede ser la forma de acabar con la diabólica burocracia que asfixia a los colombianos.