Así fue el estrepitoso fracaso del cese bilateral al fuego del presidente Gustavo Petro con narcos y criminales; nunca cumplieron lo que acordaron

Con la violenta arremetida en el Bajo Cauca del Clan del Golfo, este domingo 19 de marzo de 2023 quedó demostrado que el presidente Gustavo Petro se precipitó, el 31 de diciembre del año pasado, con su propuesta de un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones criminales: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo y el grupo Sierra Nevada.

La arremetida del Clan del Golfo encendió las alarmas, y a nadie en el país le cabía en la cabeza que el Gobierno Petro hubiese pactado supuestamente un cese al fuego con esa organización narcotraficante.

La violación al acuerdo fue sistemática desde el primer día y quienes llevaron la peor parte fueron justamente las mismas comunidades que, según había dicho el presidente, le solicitaron al Gobierno pactar dicho cese.

En principio, ese acuerdo iba hasta el próximo 30 de junio, pero el propio presidente lo rompió este domingo 19 de marzo a raíz de todo lo ocurrido.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, anunció Petro, en Twitter.

Aunque el mandatario no especificó a cuál ataque con fusil se refería, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció este domingo la “incineración de seis vehículos en la Troncal de Occidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la fuerza pública. ¿Protesta pacífica?”.

Detrás de esos violentos hechos en el Bajo Cauca, según la información de inteligencia militar, ha estado el Clan del Golfo.

Por eso, Petro tuvo que cambiar abruptamente de discurso este domingo. “He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, ordenó el mandatario.

Lo cierto es que el cese anunciado el 31 de diciembre fue precipitado, y sin nada a cambio. Esas organizaciones criminales no ofrecieron gestos de buena voluntad y desde hace semanas se venía alertando, por ejemplo, que el Clan del Golfo estaba incumpliendo lo pactado.

El pasado 9 de marzo, al emitir una alerta temprana, la Defensoría del Pueblo reportó amenazas por parte de ese grupo armado ilegal contra habitantes de La Esperanza, en Norte de Santander.

“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados cinco jóvenes que presuntamente estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, dijo en su momento el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Supuestamente, el cese bilateral al fuego acordado con el Gobierno exigía, según el comunicado de Presidencia, “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”. Nada de eso se cumplió.

Un mes antes de la denuncia por lo que estaba sucediendo en Norte de Santander, la propia Defensoría, que tenía a su cargo la verificación del cese bilateral al fuego, había advertido a finales de febrero la ocurrencia de 24 ataques violentos contra la fuerza pública, registrados entre finales de enero y los primeros días de febrero. Habrían sido cometidos por las disidencias de las Farc, en el Cauca. Uno de los hechos fue un ataque contra una estación de Policía, en Corinto.

“Este tipo de ataques contra infraestructuras policiales ubicadas en cabeceras de zonas en conflicto armado (y su misma ubicación en ese tipo de escenarios) comportan un alto riesgo de afectación indiscriminada contra las personas civiles y bienes civiles ubicadas en cercanías de ellas”, advirtió la Defensoría.

En el mismo mes de febrero, en medio de una fuerte indignación nacional, el país presenció cómo los disidentes de las Farc patrullaban por instituciones educativas en Yarumal (Antioquia), sin que las autoridades se lo impidieran. A los disidentes se les vio entregando cuadernos y kits escolares a los niños que estaban en el parque.

En el caso del ELN, el cese al fuego ni siquiera duró 72 horas luego del anuncio de Petro, casi a la medianoche del 31 de diciembre de 2022. El 3 de enero de 2023, ese grupo armado ilegal expidió un comunicado en el que señaló que nunca acordó nada con el Gobierno en ese sentido.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, sostuvo el ELN.

La guerrilla ya va por el segundo ciclo de diálogos con el Gobierno y no se ha subido a ningún cese al fuego con el Gobierno.

La verificación de todo lo que buscaba el presidente Petro siempre desató críticas. En su momento, el senador Humberto de la Calle, exjefe negociador con las Farc, dijo en una columna en El Tiempo, en enero: “La verificación simultánea de tantos ceses es un dolor de cabeza. Está por fortuna la Iglesia, pero en algunos casos confiar en la verificación de una comunidad aterrorizada puede ser un fiasco”.

La fuerza pública, además, ha terminado casi que paralizada en la lucha contra el narcotráfico, por dicho cese. Se sabe que el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se nutren principalmente del negocio de la droga.

Al estar incluidos narcos en el cese bilateral al fuego, oficiales le contaron a SEMANA que no podían adelantar operaciones ofensivas con labores de inteligencia. Lo único que podían hacer era esperar a detectarlos en flagrancia.

Hoy, por ese motivo, los datos evidencian un desplome en la operatividad contra el narcotráfico. Las cifras oficiales resaltan que en enero el número de hectáreas erradicadas fue de “cero”. Una disminución considerable si se tiene en cuenta que en enero de 2022 se erradicaron 2.982 hectáreas.

Pero antes del cese al fuego, los indicadores ya venían en rojo. Mientras que entre enero y junio de 2022, durante el Gobierno Duque, fueron erradicadas 40.277 hectáreas de coca, en el segundo semestre de ese año, ya con Petro en la Presidencia, la cifra cayó a 27.706 hectáreas, un descenso del 31 %.

En el caso de la cocaína, los datos son preocupantes: entre enero y junio del año pasado se incautaron 362 toneladas, y en el segundo semestre la cifra cayó a 289,1 toneladas, una reducción del 20 %. El caso de la heroína es ilustrativo: el país pasó de decomisar 101 kilos en enero de 2022 a solo 6,9 en el mismo mes de este año.

Demasiadas concesiones

En el marco de la ‘paz total’ con el Clan del Golfo, el presidente Petro, incluso, quiso ir más allá y, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, le pidió a la Fiscalía el levantamiento de órdenes de captura de 16 integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca, entre ellos cinco extraditables.

Uno de los que hacía parte de esa lista es justamente José Miguel de Moya Hernández, conocido en el hampa con el alias de Chirimoya. En el pasado estuvo preso y hoy es pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Tras la captura de Otoniel, intentó montar una estrategia criminal para impedir la extradición del capo.

Este domingo 19, precisamente, el director de la Policía, el general Henry Sanabria, denunció que alias Chirimoya está detrás de los violentos hechos en el Bajo Cauca, junto con otro criminal conocido con el alias de Marcos.

El fiscal Francisco Barbosa se negó a levantar dichas órdenes de captura al tratarse de integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico que no gozan de estatus político.

Por si todo esto fuera poco, el proyecto de ‘paz total’ ha terminado salpicando a la familia del presidente Petro, debido a las supuestas gestiones de su hermano Juan Fernando, quien se ha mostrado de acuerdo con que no se extradite a los capos y se dialogue con ellos.

Además, tal como lo denunció SEMANA, un cartel de abogados estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcos para colarlos en esa iniciativa de la ‘paz total’ del Gobierno.

Mientras todo esto ocurre, es evidente que la Fuerza Pública atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Unos 98 oficiales y suboficiales han pedido el retiro voluntario y, aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha querido dar a entender que se trata de retiros rutinarios, las tropas están desmoralizadas porque sienten que han perdido terreno frente al actuar de los criminales.

Mientras los soldados y policías no pueden hacer nada, del otro lado se fortalecen militarmente, atacan a los uniformados y siguen dedicados al negocio de la droga.

El rompimiento anunciado por el presidente Petro deja vivos dos ceses al fuego: el de las disidencias de las Farc y el grupo Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca. Allí, el gobierno deberá ser estricto y tener en cuenta lo sucedido con el Clan del Golfo.

Este domingo, tras el anuncio del presidente Petro con el Clan del Golfo, hubo todo tipo de reacciones. “Nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. El único que suspendió operaciones militares fue el Estado Colombiano, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo”, señaló el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, le manifestó su respaldo al presidente Petro: “¡Yo apoyo al presidente Gustavo Petro en su decisión de reactivar las operaciones militares contra el Clan del Golfo!”.

El Gobierno deberá responder con contundencia a la ola de violencia que sacude al país. Los colombianos están presenciando cómo la fuerza pública está acorralada, mientras los criminales actúan a sus anchas. Ese no es ningún cese al fuego, ni mucho menos la ‘paz total’.