“Es falso”: Fiscalía desmiente a la Policía en el caso de las chuzadas a la niñera y empleada de Laura Sarabia. Duro cruce entre ambas entidades

En un duro comunicado, la Fiscalía General de la Nación acusa a la Policía de haber entregado al país información que no es cierta. “Es falso el argumento citado por la Policía Nacional en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que indica que, el 26 de enero del año en curso, un investigador adscrito a la Dijín solicitó interceptar las líneas telefónicas de la exniñera y de la mujer que le ayudaba en las labores domésticas a la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”, aseguró la entidad.

Luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, revelara la grave situación que vivió Marelbys Meza, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la DIjín, la Policía Nacional confirmó este jueves que un investigador de esa institución solicitó que sumaran dos líneas en el marco de una investigación contra el Clan del Golfo. Sin embargo, agregó que 72 horas después de que inició la intercepción, el investigador pidió cancelar la actividad argumentando que “no correspondía a la motivación fundada”.

“El analista informó que ese requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijin”, señala el texto.

“Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo, argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, subraya el comunicado en el que la Policía manifiesta que su dirección general dispuso que se realizaran las investigaciones de rigor.

La fiscalía asegura que la realidad es la siguiente, según lo que ha encontrado en la investigación. “El 26 de enero, mediante informe de policía judicial, un funcionario de la Dijín solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas distintas a las de la exniñera y la otra mujer. Luego, el 30 de enero, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas celular de la exniñera y de la otra persona pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del Clan del Golfo. Posteriormente, pidió formalmente intervenir esos números telefónicos. Finalmente, y con base en estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres”, aseguró.

La entidad agregó que el 9 de febrero, “luego de mantener interceptadas las líneas durante diez días, el investigador de la Dijín pidió suspender la actividad porque no arrojaba información sobre el Clan del Golfo y se escuchaban conversaciones personales. “De esta manera, está plenamente establecido que la solicitud de interceptar las líneas de las personas que trabajaron para la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República fue hecha un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo denunciaran la pérdida de 4.000 dólares”.

Escuche la opinión de María Isabel Rueda sobre las chuzadas a la niñera y a la empleada de Laura Sarabia

“Bienvenidos a la parajusticia”: la fuerte conclusión del fiscal frente a las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia

Este jueves primero de junio, el fiscal Francisco Barbosa entregó nuevos detalles sobre el escándalo que salpica a Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. El jefe del ente acusador confirmó que, por el robo de dinero en la vivienda de la funcionaria, Marelbys Meza, su exniñera, fue chuzada y vinculada falsamente como miembro del Clan del Golfo.

En medio de la rueda de prensa, el fiscal aseguró que se trata de “parajusticia” en Colombia, como ocurrió con el paramilitarismo.

“Esto es la parajusticia. Se habla de paramilitarismo en Colombia, bienvenidos a la parajusticia. Este es el asunto más grave que se ha producido en los últimos años en Colombia, este es el asunto más grave que se ha producido contra los derechos humanos y todos los responsables tienen que responder por este hecho tan grave”, dijo el fiscal.

“Las chuzadas volvieron a Colombia”, agregó el fiscal sobre la grave situación que vivió Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la Dijín de la Policía. En rueda de prensa, este jueves, Barbosa anunció que con esta acción se le quiso vincular con la banda criminal del Clan del Golfo.

Para Barbosa, este caso es “aberrante” y se revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. “Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”.

Por estos hechos, en los próximos días serán citados a interrogatorio las personas que estuvieron involucradas en estos seguimientos e interceptaciones ilegales. En la investigación ya se pudo establecer que fueron agentes judiciales de la Policía Nacional los que adulteraron la información para que un fiscal de crimen organizado interceptara dos líneas celulares. “No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que la violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas”.

“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derecho humanos incluso previo a la Constitución de 1991″, aseguró el jefe del ente investigador. “Todo está evidenciado, tenemos los documentos, todo con trazabilidad judicial, hemos trabajado en los últimos cinco días con todo el equipo técnico e investigativo, hay documentos”.

El asunto es de extrema gravedad y así lo informó en detalle el fiscal, que reveló toda la trazabilidad de los hechos, que no son nuevos, y hasta ahora se empieza conocer la magnitud de las irregularidades. Las chuzadas habrían empezado desde el 30 de enero, el día mismo en el que Laura Sarabia presentó la denuncia por el robo de dinero.

En ese momento, trataron de iniciar las chuzadas, pero ante la negativa del fiscal del caso que actuó con independencia, la Policía Judicial produjo un informe, a todas luces irregular, que justificaba las interceptaciones a Marelbys Meza y a otra persona que iba continuamente a la casa de Sarabia, y que era quien les hacía las labores domésticas por días, llamada Fabiola.

“Se inventan un informe de Policía Judicial, meten a estas dos personas, y se lo entregan a un fiscal de Chocó que está investigando todo lo relacionado con el Clan del Golfo, esto con la excusa de que Meza era la cocinera de alias Siopas”, contó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía General.

Para entender el hecho y por qué resultó para el fiscal de Chocó importante cumplir con la orden, es que Siopas es un objetivo de alto valor, uno de los cabecillas de la organización criminal del Clan del Golfo, y uno de los herederos del poderoso narcotraficante extraditado a Estados Unidos, alias Otoniel.

Pero, además, como confirmó el fiscal Barbosa, en la orden de trabajado señalaban, engañando a la justicia, que la fuente que entregaba la información y justificaba las chuzadas era de altísima credibilidad.