Exdirectora de Gestarsalud, que renunció por acuerdo entre Gobierno y EPS, explica sus motivos: “Con la consciencia tranquila”

SEMANA: ¿Por qué salió de la dirección de Gestarsalud, ante el nuevo acuerdo de reforma a la salud entre EPS y Gobierno?

Carmen Dávila (C.D.): Presenté mi renuncia hace 15 días y básicamente no quise acompañar el camino que venía para esta etapa del debate de la reforma a la salud. Por mi parte, sigo opinando como exviceministra, exdirectora y creadora de la Adres, exdefensora para el derecho de la salud y exsuperintendente delegada. Habiéndole dedicado toda una vida al desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

SEMANA: ¿En qué momento se dio cuenta de que esta nueva reforma también es inconveniente?

C.D.: No sé si el texto que se ha conocido es el último texto. Todos tenemos una versión distinta. No sé si sea la misma, pero la que yo tengo es una versión más condensada, aunque básicamente tiene los mismos elementos que fueron materia de discusión durante el debate de la reforma.

También la forma como se presenta, sin tener un debate más amplio e incluyente, particularmente con pacientes, usuarios, profesionales de la salud y facultades de medicina, me parece que es volver a recorrer un camino que ya se recorrió y donde lo que falló realmente fue el debate incluyente.

SEMANA: ¿Por qué cree que las EPS llegan a un acuerdo con un Gobierno que en un principio los quiso acabar?

C.D.: Creo que la situación es muy complicada en el tema financiero. Es una situación en la que claramente los ingresos derivados de la UPC no son suficientes para cubrir los gastos y costos del sistema. Pienso que el sistema general padece de eso, tanto las EPS, que reciben los recursos, como los prestadores.

Esto porque, al existir un desequilibrio en el estado de resultados entre los ingresos y los gastos, este genera otros efectos, como es un mayor endeudamiento, un envejecimiento de la cartera de los pasivos, que ya existe, y un deterioro de la liquidez. Esta situación tiene unas manifestaciones muy complejas y las entidades estaban muchas incursas en unos descalces en el cumplimiento de unas condiciones financieras que se reglamentaron en un decreto de 2014.

Creo que ahí está el origen del problema, no puedo asegurarlo, pero es claro que el problema sí existe. Lo que llama la atención es que, sabiendo y conociendo todos cómo puede resolverse, que es por la vía de un cálculo adecuado de la prima, se plantea una reforma estructural nuevamente.

SEMANA: ¿Cuál es el punto más complicado de la nueva reforma?

C.D.: El riesgo financiero ya no lo manejarán las entidades encargadas del aseguramiento, sino que estará a cargo del Estado. Aquí se desvirtúa de cierta manera el concepto de la seguridad social en salud y puede afectarse por esa vía el derecho individual de las personas a la seguridad social.

En algunos apartes de la misma ley y de acuerdo con lo que ya hemos visto en algunos componentes del gasto, por ejemplo, en presupuestos máximos, es estar sujetos al presupuesto en la garantía del derecho individual de cada persona. Esto genera incertidumbre y no es el mejor escenario para los pacientes, usuarios y el sistema.

SEMANA: ¿Qué opina sobre las instancias que crea y que se les siga dando poder a los mandatarios locales sobre el presupuesto?

C.D.: Veo los mismos problemas que tenía el proyecto cuando se aprobó en la Cámara de Representantes y se archivó en el Senado. Tienen los mismos problemas y, por lo tanto, no es la mejor alternativa. Los pacientes no quieren esa reforma, los médicos y sociedades científicas no quieren esa reforma. La sociedad en su conjunto no la quiere, la academia no la quiere. Hay voces expertas y de gente, dolientes de este tema, que consideran que no es lo mejor para resolver problemas que existen, empezando por el financiamiento. No plantean ninguna nueva fuente. Hoy los recursos no alcanzan y la UPC no está bien calculada. Vamos a quedar en la misma circunstancia.

Los problemas que existen se están abordando con soluciones que más bien van a afectar mucho más la integridad de la atención del paciente y la seguridad de que tiene un seguro que lo ampara en cualquier contingencia de salud.

Este nuevo planteamiento que se conoce, que no sabemos si es el definitivo, tiene los mismos problemas del anterior. Se cambian las palabras, más que las funciones de las gestoras, y realmente no va al fondo del problema, que son los problemas financieros, de articulación y de insuficiencia del talento humano. Creo que la sociedad espera algo distinto de lo que ya se hundió en el Congreso.

SEMANA: ¿Pero cómo se explica uno que las EPS hayan accedido a esto?

C.D.: Francamente, las razones concretas y de fondo no las conozco. Creo que sería una respuesta que tendrían que dar las mismas EPS y sus gremios. Creo que sí es necesario brindar claridad. He visto algunas responder a las inquietudes, pero en otros casos no hemos escuchado qué los lleva a esto. Es necesario poder entender, porque las EPS existen en función de prestar un servicio a la gente. Los pacientes, usuarios y médicos necesitan respuestas que deberían dar.

Las EPS se justifican cuando su presencia significa un valor agregado para el sistema. Hoy tiene toda la responsabilidad del tránsito del paciente por la salud, la referencia, la contrarreferencia, riesgos financieros y de salud, la operación, liquidan las prestaciones económicas, organizan el recaudo y cotizan. Tienen funciones que en el proyecto se dispersan en distintos responsables y ellas tendrán una remuneración fija. Es un escenario financiero bueno para estas entidades, pero no creo que sea bueno para los pacientes y usuarios.

SEMANA: ¿Se podría decir que usted no se doblegó?

C.D.: Aquí no se trata de doblegarse o no, esas son posiciones personales, pero yo sí creo que hay una responsabilidad social en la que cada uno tiene que adoptar su camino, poder sostenerlo y explicarlo a la opinión pública. A su familia, sus hijos y a los pacientes. Poder mirarlos a los ojos y con la consciencia tranquila.

El llamado es a que no se repitan los errores de la primera reforma. Que se haga un proceso permanente de discusión. El sector debería declararse en asamblea permanente, para que todos puedan participar. Que el Gobierno y el Congreso, que presentan los proyectos, puedan escuchar a todo el mundo.