Gustavo Petro advirtió a criminales que, si siguen delinquiendo desde las cárceles, serán trasladados a sitios sin comunicación

Debido al aumento del fenómeno criminal de la extorsión al interior de las cárceles del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un ultimátum a las bandas delincuenciales que sigan con esa práctica ilegal.

El jefe de Estado indicó que los controles en los centros penitenciarios se reforzarán, señalando que, si se detecta que criminales presos continúan delinquiendo, serán trasladados a “sitios” sin comunicación permanente.

“Todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata”, posteó Petro.

Y añadió en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Esperamos información de la ciudadanía sobre estas prácticas que inauguro en algún momento el delincuente Pablo Escobar”.

Sumado a ello, la creciente ola de extorsiones en Colombia llevó en su momento a la Defensoría del Pueblo a instar a las autoridades gubernamentales a implementar medidas efectivas para contrarrestar este delito y salvaguardar la seguridad ciudadana. Según datos del portal Siedco, basados en estadísticas de la Policía Nacional, los casos de extorsión han experimentado un alarmante aumento en los últimos cuatro años.

En 2020, se reportaron 8.188 casos, cifra que aumentó a 8.342 en 2021; 9.791 en 2022, y 9.871 en 2023. Esto representa un incremento del 20,5 %, en comparación con el año base de 2020. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde se concentró la mayoría de las denuncias.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó sobre la implicación del sistema penitenciario en este flagelo, señalando que internos, a través de llamadas de celular, también participan en actos de extorsión. Además, directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población reclusa, lo que evidencia la gravedad del problema.

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, explicó el defensor Camargo Assis.

Así mismo, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

A pesar de la operación Dominó, la nueva estrategia del Inpec para luchar contra extorsión en cárceles, la falta de inversión en tecnología de punta para el sistema penitenciario se convierte en un obstáculo. Camargo Assis destacó la necesidad de un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para modernizar el sistema, especialmente en términos de tecnología 4G o 5G, ya que los inhibidores de señal existentes son obsoletos.

Trascendió que, de los 125 establecimientos de reclusión a cargo del Inpec, solo en 16 se ha instalado el sistema de inhibición de señal, pero únicamente en seis de ellos los inhibidores están en funcionamiento, y con tecnología 2.5G.

Finalmente, el organismo también hizo llamado a la acción conjunta de las instituciones del Estado, solicitando una mayor coordinación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Urge la implementación de planes efectivos para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que afectan las cárceles colombianas.