Más de 200 expertos advierten “riesgos significativos” a la educación superior en reforma del Gobierno Petro

Las organizaciones Connect, a través del Comité Universidad-Empresa-Estado-Emprendedores, y Diálogos de Futuro publicaron una carta abierta dirigida al Congreso de la República y a Aurora Vergara, ministra de Educación, sobre el proyecto de ley estatutaria que enfrentará su cuarto debate en el Senado de la República.

La iniciativa, que es la primera parte de la reforma a la educación del Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue aprobada en la Comisión Primera del Senado a través de consensos con independientes y opositores. Sin embargo, el Pacto Histórico y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) no están de acuerdo con lo pactado, por lo que presentaron una ponencia sin los puntos acordados.

Por esa razón, 200 personas, entre ellos exministros, rectores, estudiantes y empresarios, manifiestan en una carta su “profunda preocupación” por la situación de la educación superior del país.

“El 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo de fondo sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación (PLEE), con la participación de diferentes bancadas y el Ministerio de Educación Nacional, consenso que actualmente está siendo desconocido”, dice el documento.

De esa forma, el grupo de expertos ratifican su invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación “a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”.

Y aseguran que lo que se acordó en la Comisión Primera del Senado eran las “garantías necesarias” para las instituciones de educación superior.

“El respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida”, recuenta la carta.

Manifiestan que el rompimiento de los acuerdos, reflejada en la nueva ponencia del Gobierno nacional, presenta “varios riesgos significativos”.

Entre ellos, destacan “el desconocimiento de la autonomía universitaria, mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares, y la imposición de la elección directa de directivos como único modelo aceptable”.

También dicen que existe “falta de reconocimiento al sistema mixto”, que está conformado por instituciones oficiales y no oficiales, y que además cuenta con el reconocimiento de la Corte Constitucional.

Tercero, aseguran que existe una “invisibilización de la educación terciaria”, que según ellos es “eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos, que pueda garantizar la pluralidad y la equidad en el acceso, asi como anticipar y responder, ágil y oportunamente, a los enormes retos que enfrentan nuestro país y el planeta”.

Además, mencionan que no se puede perder de vista la viabilidad fiscal de la ley y el estudio de los recursos necesarios para que se implemente.

“Se señala una falta de garantías de financiación adecuada y sostenible para su implementación, lo que podría llevar a su fracaso práctico por falta de recursos”, indicó.

De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la expansión de cobertura estatal en educación de todos los niveles para el año 2025 requerirá una inversión adicional de aproximadamente 41 billones de pesos anuales.

“Este cálculo incluye únicamente cobertura para edades de 0 a 21 años y subestima costos asociados a mejoras de calidad, infraestructura nueva, dotaciones y formaciones adicionales para docentes, entre otros”, precisa el comunicado.

Y agregan que “estos montos representan una fracción del coste total que implicaría la implementación completa de la ley y equivalen al doble de la reforma tributaria aprobada en 2022, que tenía un recaudo estimado para cuatro años. Estas cifras deben servir como un llamado a la acción para enfocar la ley de manera estratégica”.

Finalmente, los firmantes les piden al Congreso y al Gobierno nacional “aprovechar esta discusión sobre el proyecto de ley estatutaria, para responder adecuadamente a las expectativas y anhelos de todos los colombianos”.

“La aprobación de una nueva ponencia del gobierno, en su forma actual, generará frustración en miles de ciudadanos que ven en la educación superior un vehículo de movilidad social y laboral, además de lastimar los acuerdos y consensos construidos previamente con los actores involucrados en este proceso”, concluyó la carta.