Nuevo lío en el Pacto Histórico: Clara López responde a trino de Agmeth Escaf sobre regulación de las Apps y pide no desinformar

Un nuevo choque se presentó en el interior del Pacto Histórico, la plataforma que acompaña al presidente Gustavo Petro, en las últimas horas. Esta vez entre la senadora Clara López y el representante a la Cámara Agmeth Escaf por el polémico proyecto que se presentaría relacionado con las plataformas digitales o también conocidas como Apps.

Luego de las protestas de algunos conductores de estas plataformas y la respuesta del Gobierno nacional, varios congresistas, entre ellos Escaf, afirmaron en sus redes sociales que no acompañarían ninguna iniciativa legislativa que eliminara o prohibiera el uso de estas plataformas por parte de los usuarios del transporte público y de otros servicios.

“No apoyaré ninguna medida que tenga como consecuencia que familias colombianas se queden sin sustento. Mi batalla es por el #TrabajoDigno. Las plataformas como Uber deben legalizarse, formalizarse, no prohibirse porque ello afecta a miles de trabajadores y usuarios en el país”, manifestó el congresista y presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Ante esto, la senadora López salió en defensa del Gobierno Petro y enfatizó en las explicaciones que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dio al Pacto Histórico en el encuentro de Paipa, la semana pasada, y en lo que le dijo a SEMANA en el sentido de que el Ejecutivo no estaba pensando en prohibir ni eliminar dichas aplicaciones o plataformas de transporte.

“En Paipa @MinTransporteCo explicó que el proyecto buscaba precisamente eso: regularizar el funcionamiento de plataformas como Uber. El artículo de sanciones es para servicios especiales y no conductores de Uber. Invito a no hacer eco de desinformación @PactoCol es #TrabajoDigno”, manifestó la congresista en un mensaje respondiendo al que había puesto Escaf.

En diálogo con esta revista, el ministro Reyes afirmó que el proyecto de ley que está estudiando el Gobierno nacional y que está relacionado con las plataformas digitales no prohibiría ni eliminaría de ninguna manera su existencia y aseguró que son una herramienta de la modernidad.

“El Gobierno no está pretendiendo eliminar las plataformas; son una herramienta de modernidad que debe servir para la universalidad en la prestación del servicio. Lo que se pretende es que el servicio que se preste a través o utilizando dichas plataformas sea un servicio en condiciones de seguridad, comodidad y correcta prestación del servicio público de transporte”, le dijo Reyes a SEMANA.

Pese a esta explicación, diferentes sectores en el Congreso, especialmente del Pacto Histórico, salieron a manifestar su rechazo a la posibilidad de que se eliminaran estas aplicaciones, una de las presuntas causas por las que habrían protestado algunos conductores de estas plataformas, esta semana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien señaló que intentar eliminar por decreto la modernidad es “oscurantismo”.

“Intentar eliminar por decreto la modernidad es oscurantismo. No se detiene la tecnología útil para sembrar una sociedad en el pasado. Las aplicaciones se reglamentan y se estimula su desarrollo para mejorar servicios y generar empleos que sean dignos”, indicó Barreras.

Sobre el tema también se refirió el presidente de la Cámara, David Racero, miembro del Pacto Histórico, quien manifestó que “cualquier intento de prohibición debe rechazarse”.

“Más allá del debate minimalista de taxis vs. plataformas, la realidad económica de 2023 no está para tomar medidas que puedan afectar los ingresos de miles de ciudadanos que sostienen sus familias a través de dichas aplicaciones. Cualquier intento de prohibición debe rechazarse”, apuntó Racero desde su cuenta de Twitter.

Luego de las protestas de esta semana, el ministro Reyes y su colega de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reunieron con conductores y con el gremio de las plataformas, Alianza In, presidido por el excongresista José Daniel López, para aclarar varios de los puntos del proyecto de ley que generó esta polémica.