“Nunca han generado empleo”: Mario Hernández se suma a las críticas de Peñalosa contra el Gobierno Petro

Aunque para el Gobierno la reforma laboral radicada en el Congreso de la República es la estrategia para reparar lo que había sido averiado en materia de derechos de los trabajadores, entre los empresarios reina la preocupación.

Muchas de las propuestas inscritas en los 76 artículos del proyecto de ley le cargarán un mayor peso al costo de la nómina, lo que para los empleadores sería un desestímulo a la contratación, según varios de los gremios que han tomado la vocería para expresar su inconformidad.

Otro crítico de la reforma fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien dijo en su cuenta de Twitter: “Lo que de verdad sube los salarios y aumenta la riqueza de la sociedad es que haya nuevas empresas y ampliación de las existentes, más demanda de trabajadores y competencia por ellos. Petro hace todo lo contrario a crear condiciones para que eso ocurra”.

Esto fue apoyado por el empresario Mario Hernández, quien criticó: “Nunca han generado empleo, tampoco montaron empresa, no tienen ni idea cómo es”.

Por el contrario, para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “la reforma debe permitir que el salario real pueda crecer para que Colombia se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.

Desde la perspectiva de los trabajadores suena bien tener más derechos. No obstante, son varios los problemas que quedan entre el tintero. Por un lado, los efectos recaen sobre un reducido número de trabajadores (los que ya tienen empleo formal), puesto que la reforma no ataca las debilidades estructurales del mercado laboral, como son el desempleo y la informalidad. Es más, hay quienes temen que los pueda empeorar.

Desde la academia, Iván Camilo Jiménez, director del semillero de derecho laboral de la Universidad Javeriana, ve la reforma como “una revancha política frente a las reformas del uribismo de los años 1993 y 2002. El enfoque no está en la creación del moderno Estatuto del Trabajo que prometió el Gobierno”.

A juicio del investigador, sólo se reforman artículos del Código Sustantivo del Trabajo para volverlo a poner como era antes, cuando nació, en 1950. No obstante, señala que, en lo que sí hay un cambio estructural es en materia sindical, el cual “está orientado a fortalecer a estas organizaciones, que hoy sólo cubren al 10 % de la población con contrato de trabajo y al 5 % de los trabajadores del país”.

Es decir, la reforma es para unos pocos. “La formalización que se plantea parte de la base de que las dinámicas productivas se van a ir al contrato de trabajo del modelo industrial de 1959, y hoy las dinámicas productivas no trabajan así.

En consecuencia, las cooperativas agrarias y los colectivos de artistas, por ejemplo, son organizaciones más horizontales, en las que no aplican el contrato de trabajo. A los vendedores ambulantes no les están dando respuesta, ni a los trabajadores sexuales, que son personas en alta vulnerabilidad, con muchas dificultades”.

En la reforma laboral, que, según señala el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no ha tenido la concertación tripartita de la que se ha hablado, se plantea un incremento salarial para el trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos, que deberá ser igual al IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado al 31 de diciembre del año anterior.

La mayor parte de las medidas incluidas en la reforma laboral implican mayores costos a la hora de contratar trabajadores. Pero para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro y pequeñas empresas, “los cambios más costosos serán los referentes al pago de indemnizaciones, el contrato de aprendizaje y los recargos, tanto el nocturno como el de horas extras”.

Las indemnizaciones se volverán más onerosas y, de hecho, serían las más generosas en la historia del país. En el pasado, el pago más alto había sido establecido en la Ley 50 de 1990, cuando se determinó que un empleado despedido sin justa causa recibía 45 días por el primer año de haber permanecido en el empleo y 40 días de sueldo por los siguientes (si llevaba más de diez años en la compañía), ahora se pagarán 45 días de sueldo por el primer año laborado (si el empleado lleva solo un año) y 45 días por los subsiguientes.

Desde la perspectiva del Gobierno, la idea es desestimular los despidos, en línea con la idea de promover el contrato indefinido y el empleo estable. “Se mantiene el contrato por hora labor y el que se hace a término fijo para las labores que así lo requieran. Y se introduce el contrato a tiempo parcial, pero con pago de prestaciones sociales, que está dirigido principalmente a los trabajadores agropecuarios”, sostuvo la ministra de Trabajo.

Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, es crítico de la reforma, pues considera que no se atacan los problemas fundamentales del mercado laboral. “El Gobierno desea mejorar el ingreso, aumentar el tiempo libre y dignificar el empleo, objetivos válidos y deseables. Pero aumentan el costo laboral. Me pregunto si no sería mejor aumentar la productividad y el empleo primero, no al revés”, dijo el economista.