Gustavo Petro les incumplió a los estudiantes: este subsidio está bloqueado desde el 2024 y no hay pagos en 2025

Aunque el presidente Gustavo Petro destacó el pasado martes la gestión que ha hecho su Gobierno por la educación superior pública, hay un profundo malestar en las regiones que podría terminar con un gran paro a pocos meses de salir de la Casa de Nariño. SEMANA revela la historia que tiene en jaque a cientos de estudiantes a lo largo y ancho del país.

La polémica se tiene con Renta Joven, un programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que se inició en 2012 como Jóvenes en Acción con el objetivo de contribuir a la inclusión social y económica de los alumnos de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y de las universidades del Estado: entregar dinero para apoyar la formación de estas personas. La iniciativa enfrenta una crisis histórica.

Para las personas matriculadas en el Sena, se estableció suministrarles 400.000 pesos de manera bimestral, es decir, 2.400.000 de pesos al año. Mientras que para los adscritos a instituciones superiores se proyectaron 800.000 pesos cada semestre, más un incentivo también semestral de 200.000 pesos si su promedio final era de 4,0 o superior a este; si se cumplía con estos requisitos, un beneficiario recibiría 2.000.000 de pesos cada año.

La exdirectora del DPS Susana Correa narró que este dinero es un gran respaldo para los jóvenes más vulnerables que están en su proceso de educación. Entre tantas cosas, ella contó que estos recursos se distribuyen para cubrir el transporte a las instituciones o para los servicios de alimentación o materiales de clases. El buen rendimiento, según exfuncionarios, se podría medir con menores tasas de deserción.

Gustavo Petro y sus aliados, durante la campaña a la presidencia, prometieron a varios líderes estudiantiles que fortalecerían este programa para aumentar los niveles de permanencia. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: abandonó el nombre de Jóvenes en Acción y lo reemplazó por Renta Joven en 2024; y desde ese año cerró la puerta y no volvió a inscribir a ningún beneficiario, se quedó con los que alcanzaron a postularse en 2023 y los que venían de la administración de Iván Duque: 500.000 jóvenes en total.

El recién posesionado director del DPS, Mauricio Rodríguez, explicó que no se han recibido más alumnos de bajos recursos en los últimos dos años porque la entidad no cuenta con la plata suficiente para hacerlo, y solo tiene la capacidad de cumplir con los ya favorecidos: “No hay nuevas inscripciones porque hoy no tenemos plata que pueda cubrir a los actuales beneficiarios del programa hacia nuevos beneficiarios. Ahí hay una dificultad. Es un tema de responsabilidad fiscal nuestra”.

La justificación del funcionario es que la cobertura de la Renta Joven está frenada porque el Congreso no aprobó la política económica que presentó el Gobierno en el Legislativo: “Si nosotros hubiésemos tenido los recursos de la ley de financiamiento que se ahogó en el Congreso sin discutirse, no estaríamos en estas discusiones, hubiéramos tenido los recursos para implementar el programa y ampliar la cobertura. Lamentablemente, no tuvimos ley de financiamiento. Si usted no tiene la fuente, no puede, irresponsablemente, ponerse a inscribir a más gente a la que no se les va a poder cumplir. El programa se puede mantener con los actuales beneficiarios”.

Para 2025, se tienen registrados 270.067 estudiantes. Más de 201.000 en el Sena y alrededor de 69.000 en universidades, pero los pagos están atrasados. Con corte a este 5 de septiembre, en el caso del Sena, apenas se cubrieron las responsabilidades entre enero y mayo, y falta un pago, el de junio y julio, (400.000 pesos a cada uno de los estudiantes). En el escenario de las universidades públicas, solo se desembolsó la matrícula del primer semestre de 2025, incumpliendo, por lo menos, con 800.000 pesos por cada estudiante, sin considerar los 200.000 pesos adicionales que podrían recibir por tener un puntaje igual o superior a 4,0. El DPS aseguró que avanzará en los próximos días con esos desembolsos pendientes.

¿Se acaba el programa?

El activista digital David Rodríguez encendió las alarmas por las posibles decisiones que estaría contemplando el Gobierno Petro para este programa. Al parecer, lo cerraría y lo reemplazaría por una serie de cooperativas. La misma versión fue suministrada a SEMANA por parte de varios funcionarios del Departamento de Prosperidad Social, pero el director desconoció esa versión y aseguró que Renta Joven seguirá hasta 2029, como está definido en la norma, y será una futura administración la que haga las gestiones sobre su eventual continuidad.

Los representantes de las universidades públicas, en reunión con el DPS, interpretaron lo mismo, el fin de la Renta, y estallaron a varias voces en esa cita: “Creo que es una propuesta muy al aire, que no está muy bien formulada, y que puede repercutir de una manera muy negativa para nuestras universidades; la propuesta de crear cooperativas es magnífica, pero esto no debe ser excluyente con el programa que se venía manejando, esto debe ser algo complementario al programa Renta Joven; es bastante ilógico (que) un Gobierno que se elige con los programas sociales, un Gobierno que se elige apostando a la educación, apostándole a la permanencia, esto es incoherencia”.

Al ser cuestionado por estas afirmaciones, Mauricio Rodríguez indicó que estuvo presente en esa reunión y nunca manifestó la caducidad de la iniciativa; al contrario, habría detallado que la creación de cooperativas sería complementaria a las transferencias que reciben los estudiantes, cumpliendo con otro de los objetivos del programa: “La implementación de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida”.

Las cooperativas funcionarían de la siguiente manera: “La transferencia que se hace en Renta Joven no es suficiente para cubrir el conjunto de necesidades, pero si hay una política que oriente al trabajo colectivo, que oriente a fortalecer la asociatividad, que al final no puede ser una decisión nuestra, que al final será una decisión de los muchachos y muchachas que quieran optar por esa vía, pues lo que podemos hacer es inyectar apuestas productivas, apoyar con procesos productivos, para que esas asociaciones o cooperativas que puedan surgir de los estudiantes los puedan materializar y desarrollar sin afectar la transferencia”.

Los representantes de los alumnos de las universidades públicas no respaldan esta idea y piden que los esfuerzos se concentren en pagar las deudas pendientes y ampliar la cobertura: “Nosotros, como movimiento estudiantil, necesitamos todo nuestro respeto, y también hacernos respetar. El hecho de que estemos en el Gobierno del cambio, que no nos limite a movilizarnos. El DPS ha sido una de las entidades donde más irrespetuosos han sido con nosotros. Es una propuesta vacía, banal”.

Las dudas también se sienten en las administraciones departamentales. El secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar, contó que se está a la espera de que se informe de manera clara si el programa se transforma y bajo cuáles condiciones: “Lamentamos que se disminuya el impacto de cualquier programa que impulsa a los jóvenes a seguir con sus estudios universitarios porque ellos representan oportunidades para los jóvenes y para mejorar su calidad de vida”.

Mientras que la exdirectora del DPS Susana Correa expuso las consecuencias de bloquear este programa: “Los jóvenes más pobres perderían una de las pocas herramientas de apoyo del Estado, profundizando las brechas frente a quienes sí pueden costear sus estudios. La falta de apoyo puede empujar a muchos jóvenes a la informalidad, al desempleo o, incluso, a contextos de riesgo social, debilitando las oportunidades de movilidad social”.

La versión oficial es que, por ahora, Renta Joven se mantiene firme y la probabilidad de abrir más cupos dependerá de la aprobación de la ley de financiamiento que presentó el Gobierno Petro ante el Congreso, y que no goza de ambiente para el ‘visto bueno’ que esperan en el Ejecutivo, y el comportamiento del presupuesto del Estado, que pasa por un déficit que tiene apretadas todas las carteras de las dependencias nacionales.