Una nueva era para los clientes bancarios

Una de las leyes de iniciativa gubernamental con la cual el gobierno podrá sacar pecho al terminar este período legislativo es la Reforma Financiera, que fue aprobada en sus cuatros debates por el Congreso. Aunque le falta la votación del texto conciliado entre la Cámara y el Senado, este jueves, lo más probable es que quede lista para ser sancionada por el Presidente.

La nueva Ley busca hacer más transparente la gestión de los bancos con sus clientes y crear un sistema para que quienes no alcanzan las semanas para su pensión reciban periódicamente un beneficio económico, entre otras medidas. A propósito de su aprobación, Semana.com habló con su ponente en la Cámara de Representantes, Santiago Castro, quien explicó de qué manera beneficiará a los consumidores y cuáles son los puntos más importantes del proyecto.

Semana.com: ¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de Reforma Financiera?

Santiago Castro: Son tres: El primero es el capítulo de los derechos y las garantías del consumidor financiero. Se les exige unos deberes a los proveedores de servicios financieros y el consumidor deberá ser informado de todo costo y todo cargo que le cobren.

El otro tema grande es el de multifondos, que busca reconocer una verdad de a puño: que los perfiles de inversión de un trabajador colombiano que busque su pensión varían según su etapa laboral y su edad.

Por ejemplo, un trabajador de 20 años que va a tomar la opción de cotizar en un fondo privado, lo que quiere es una rentabilidad a largo plazo, no le importa el riesgo. El que está en la mitad de la etapa de jubilación, probablemente lo que quiere es una combinación de algunas inversiones que puedan ser volátiles y otras que sean fijas o rentas fijas como CDT o TES del gobierno. Pero al que está a punto de jubilarse lo único que le permitimos es tener su pensión en fondos de bajo riesgo, muy baja volatilidad y rentabilidad asegurada.

Semana.com: Y el tercero es…

S.C.: El tercer punto incluye varias medidas de impacto social. Para esto creamos la figura de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps). Las personas que no hayan llegado al mínimo de semanas cotizadas para pensionarse en el régimen de prima media (a través del Seguro Social) o al monto mínimo en el régimen privado, podrán llevar esos dineros a unas cuentas de ahorro que le den un beneficio económico periódico. Además recibirán un incentivo del gobierno.

Así podrán seguir ahorrando y el dinero que cotizaron no se les convertirá en plata de bolsillo, sino que les ayudará a tener un sustento, así no hayan alcanzado la pensión.

Semana.com: ¿Cómo podría una persona acceder a los Beps?

S.C.: Por ejemplo: una persona que no esté en período de transición, que sepa que su jubilación sea a los 62 pero ya tiene 57 años y sabe que no alcanza las 1.200 semanas y que tiene un ahorro en el fondo, es el candidato para que acceda a los Beps. En lugar de que reclame su dinero podrá crear una cuenta de ahorro programado, para beneficio económico periódico. Cuando cumpla los 62 podrá transferir ese dinero que tenía en el fondo y eso le sirva para obtener unos rendimientos y un beneficio económico periódico, que puede ser mensual o bimensual según lo establezca la Ley. Así evitará que después se quede sin ningún ingreso.

Semana.com: ¿Y qué organismo va administrar esos recursos?

S.C.: Eso se lo dejamos a la reglamentación que haga el gobierno. Pero las cuentas para transferir los ahorros de los fondos tienen que ser unas cuentas especiales, con un fin específico. Ese tema requiere de otra regulación porque es más complejo. Hay que analizar cómo serían las transferencias de lo que un cotizante tenga ahorrado, cuál es el incentivo que le va a dar el gobierno para que una persona no los consuma y se traslade a esa cuenta.

Semana.com: ¿Qué otros beneficios tiene esa Ley?

S.C.: También se le dan unas herramientas al gobierno para estimular los microcréditos, que buscan que otras entidades se metan a esa actividad. Se liberan las tasas de los microcréditos porque lo que queremos es competir con el sistema de crédito ilegal conocido como gota a gota.

Semana.com: ¿de qué manera impactará ese aspecto en la economía?

S.C.: Que la gente va a tener un mayor acceso al crédito. Hay un grupo de gente de escasos recursos que la banca tradicional no lo ve como un posible cliente de créditos. Lo que queremos es crear un nicho de mercado, ya sea porque la banca se le mida, o porque pioneros de este servicio como cooperativas y fundaciones tengan un apoyo institucional. Por ejemplo, nosotros ya logramos que el Fondo de Garantías Hipotecarias aportara 15 mil millones, para cubrir parte de las garantías que se dan por estos microcréditos. Ese es un capítulo que no existía en el proyecto inicial y que gracias a la tarea del Congreso se incluyó. Nosotros creemos que los microcréditos tienen un impacto social muy importante y que debería ser parte de la responsabilidad social del sector financiero.

Semana.com: ¿Qué pasó con el artículo que prohibía a las compañías de seguros ofrecer pólizas exequiales para pagar en especie?

S.C.: Ese artículo salió como venía en la ponencia. Había un interés del gremio de las aseguradoras para acceder a algunas garantías, pero creemos que eso no es procedente. De por medio está el tema del empleo que proveen cientos de funerarias independientes que ofrecen servicios por todo el país y queremos proteger eso. El artículo prohíbe a las aseguradoras ofrecer esas pólizas para pagarlas en especie, es decir con servicios fúnebres, pero sí las puede pagar en dinero.

Semana.com: Un artículo que causó polémica era el reglamentaba en qué debían invertir los bancos el dinero destinado a la labor social. ¿En qué quedó ese punto?

S.C.: Yo no me explico por qué hubo polémica con el tema del balance social. Lo que dice el proyecto es que las entidades tienen que publicar el balance de su gestión social. Pero muchas ya lo hacen en sus balances anuales. La verdad en ese punto no hay nada nuevo.

Semana.com: ¿Pero hubo un momento en que la Ley incluyó un párrafo que obligaba a los bancos a direccionar los recursos de la actividad social a la educación?

S.C.: Sería absurdo decirle a las empresas como deben invertir la plata que destinan a la labor social. No, el proyecto que finalmente quedó en el informe de conciliación no dice eso.

Semana.com: El Banco de la República advirtió que los artículos 30 y 32 podían tener vicios de constitucionalidad, porque permitían que otras entidades captaran dinero y le quitaba competencias al Emisor. ¿Cómo quedaron esos artículos?

S.C.: Se dejaron. Ahí está muy claro que depende de la decisión del gobierno. En ese artículo es explícita la mención de dos entidades, que son cien por ciento del Estado: Findeter y Bancoldex. Yo no creo que sus actividades vayan a afectar la política monetaria del Banco de la República o a explotar la política cambiaria. Yo creo que el Banco está muy prevenido. Además, en la regulación de Finagro ya se había pasado un artículo semejante y no había dicho nada en ese momento. No sabemos por qué hay tanta preocupación en ese tema. Sin embargo, eso pasará por el control de la Corte y se ajustará en caso de que haya algo inconstitucional.

Semana.com: ¿Cómo quedaron los bancos y entidades financieras tras la aprobación de la reforma?
 
S.C.: Quedaron bien. Para nada se les coarta su actividad. Se les están imponiendo normas sobre información y transparencia en sus relaciones con los clientes; se les cambia la figura del defensor del cliente, que pasa de ser un funcionario del banco a ser un funcionario con responsabilidades ante el consumidor y que viene de un proceso de escogencia de la Superintendencia.

Yo creo que entramos en una etapa de mejores relaciones entre banca, aseguradoras, sector financiero, mercado de valores y consumidor.

Semana.com: En su criterio quienes ganan son…

S.C.: Este proyecto entró en el Congreso, propuesto por el gobierno, como un proyecto netamente del sector financiero, y terminó siendo un proyecto de impacto, en ese sector, pero con gran impacto social a raíz del trabajo del Congreso. El consumidor es el que gana. El hecho de que los usuarios del sistema financiero accedan a información pública con cuadros comparativos sobre cuánto le están cobrando los bancos por sus servicios, va a generar una competencia que va a bajar los costos. Este punto entra en vigencia tan pronto se sancione la Ley.