Indígenas del Bajo Baudó son víctimas de un segundo Bojayá, denuncia líder

La guerra en el Chocó recrudece. Según el testimonio de líderes sociales como Luís Ernesto Olave, la lucha por el control de las rutas de salida del narcotráfico por el río Baudó y otras zonas del departamento por parte de actores armados ilegales terminó involucrando a la población civil, quienes se han convertido en carne de cañón y blancos fáciles para los milicianos.

"Los enfrentamientos se presentan entre el ELN y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control de estas rutas tradicionales. Por culpa de esta situación han sido acorraladas 14 comunidades indígenas, pertenecientes a la etnia wounaan, quienes viven en el resguardo conocido como “Río Purricha”. Explicó el líder.

Estas personas, según el relato de Olave en Semana Noticias, se encuentran aisladas de cualquier casco urbano (el punto más cercano es la cabecera municipal de Pizarro) o ayuda próxima de las autoridades, puesto que sus territorios ancestrales fueron rodeados por minas antipersonal, plantadas hace pocos días en medio del enfrentamiento entre estas facciones ilegales: “Estamos hablando de un promedio de 1.000 personas que estarían en riesgo”.

“Ya se presentaron dos asesinatos: uno específicamente en el corregimiento del resguardo indígena, donde mataron a un profesor, y otro a uno de los gobernadores de esa misma comunidad; hay muchas amenazas además a los líderes sociales”, añadió Olave.

El temor de quienes viven en esta recóndita zona del Chocó es que la escalada de violencia lleve a una nueva masacre, como la sufrida en la iglesia de Bojayá, el 2 de mayo de 2002: “Nosotros estamos avizorando en esta región un segundo Bojayá: estos enfrentamientos armados se dan en medio de la población civil, comunidades indígenas y personas afro, quienes son presas del terror”, advirtió Olave.

¿El Estado ha tomado medidas puntuales para proteger a los indígenas wounaan en medio del conflicto armado? Olave asegura que desde Bogotá hay oídos sordos y posiciones indiferentes. “El Gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa tienen conocimiento, porque nosotros desde el mes de marzo denunciamos esto en una audiencia con la Procuraduría General de la Nación en donde se presentaron estas entidades y no han hecho absolutamente nada. Nuestras comunidades siguen confinadas, en medio de la guerra y a punto de ser masacradas”, reprochó.

Otro actor armado que pone en riesgo a los habitantes del Bajo Baudó sería la Infantería de Marina, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público: “Hemos denunciado bombardeos y fuego cruzado entre la Armada y las Autodefensas y la guerrilla en medio de las comunidades: nadie hace nada”.

Buscando una solución pacífica a este clima de violencia, Luis Olave y otros líderes sociales han decidido hacer un llamado formal a todos los involucrados en la guerra, con el objetivo de que respeten la vida y bienes de la población civil. “Hemos invitado a que se haga un acuerdo humanitario en la región, donde estén suscritos todos los actores (armados); un acuerdo humanitario ya para el Chocó”.