Los defensores del medio ambiente se oponen a prácticas como el fracking. Foto: León Darío Peláez.

JUSTICIA

En abril entrará en vigor el Acuerdo de Escazú y Colombia sigue sin ratificarlo

El tratado regional para proteger los derechos de los defensores ambientales entrará en vigencia el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. En total 12 estados ya lo ratificaron, mientras Colombia sigue a la espera de que el Congreso le de vía libre a dicho trámite.

25 de enero de 2021

Comenzó la cuenta regresiva para que el acuerdo regional que busca proteger los derechos de los defensores del medio ambiente entre en vigencia. Con la ratificación por parte de México y Argentina, últimos dos países en realizar este trámite, el tratado tomará validez a partir del próximo 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. 

En Colombia este es un paso que aún no ha sido aprobado por el Congreso a pesar de que en julio del año pasado, el Gobierno presentó ante el legislativo el proyecto de ley con mensaje de urgencia. Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ese momento, dijo que el Presidente se había comprometido a trabajar para blindar al país con un marco normativo que brindara las herramientas suficientes para aplicar la máxima protección al medio ambiente.

Su objetivo: fortalecer el rol de la sociedad civil en la política ambiental con miras a hacerla más participativa, representativa y acorde con los intereses de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, el trámite en el Congreso para darle vía líbre a la ratificación del Acuerdo, aún no avanza. 

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Ante este panorama, la Alianza por el Acuerdo de Escazú, compuesta por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, dijo que Colombia está en deuda con este tema, pues a pesar de que se desarrollaron diferentes espacios de diálogo en los cuales distintos sectores de la sociedad civil colombiana exigieron su ratificación, el proyecto de ley aún no ha sido discutido, ni votado en primer debate en las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes. 

Los indígenas, de los defensores de la tierra que más ataques sufren. Foto: Archivo Semana

Por esta razón reiteraron la solicitud al Congreso y al Gobierno Nacional para que impulsen de manera urgente la ratificación de este visionario tratado.

"Colombia enfrenta enormes retos para el fortalecimiento del acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental los cuales se han incrementado en el escenario de pandemia por la covid-19. Adicionalmente, la gravísima situación de asesinatos y amenazas a personas defensoras del ambiente en el país es una razón determinante para que Colombia haga parte del Acuerdo lo antes posible", informaron a través de una comunicación oficial. 

Argumenta la Alianza, que la ratificación de este tratado regional es una oportunidad fundamental para el fortalecimiento de la democracia ambiental en el país y que ignorar este escenario internacional implica cerrar las puertas al fortalecimiento de las políticas públicas e institucionalidad ambiental, además de dar la espalda a un escenario de cooperación y multilateralismo fundamental para nuestro país. 

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A pesar de lo anterior, la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, celebra lo que significa la entrada en vigencia del tratado para proteger a los defensores del medio ambiente. Las organizaciones que forman parte de la Alianza consideran que se trata de un avance histórico para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante para la región que articula conjuntamente los temas de derechos humanos y ambiente.

En 2019 asesinaron a 64 defensores de la tierra y el medioambiente en Colombia. Foto: Mauricio Ochoa 

El tratado busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a las personas tres derechos fundamentales: el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud y, por último, el acceso a la justicia en materia ambiental frente a daños  al ambiente y los derechos humanos.

El Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de las personas que se dedican a cuidar y proteger el medio ambiente. 

Que Colombia lo ratifique es determinante, pues no hay que olvidar que se trata del país más peligroso para los líderes ambientales, de acuerdo con las cifras de la ONG británica Global Witness, según las cuales en 2019 fueron asesinados en el territorio nacional 64 defensores de la tierra y del medio ambiente, de los 212 que perdieron la vida en el mundo. En 2018, de acuerdo con la misma organización, el país fue segundo en este deshonroso escalafón.

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Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, dijo que esta debe ser una de las prioridades en la agenda medioambiental del país este año, pues los ataques contra quienes se dedican a defender los recursos naturales van en aumento. Es de recordar que hace apenas dos semanas fue asesinado Gonzalo Cardona, líder protector del loro orejiamarillo y quien se convirtió en el primer defensor del medioambiente en perder la vida en 2021. Hace una semana, el niño ambientalista Francisco Vera, de 11 años, también fue víctima de amenazas, una realidad a la que el país no le puede dar la espalda.