Orden en la vía

Las empresas de transporte de pasajeros por carretera se subirán, por fin, al bus de la modernización. Para lograrlo, tendrán que poner el acelerador a fondo en los próximos dos años y avanzar hacia una estructura empresarial, integrarse a un modelo de operación eficiente y adoptar esquemas de gestión de calidad.

La nueva estructura del sector por ahora solo está sobre el papel, como parte de un borrador del documento Conpes que debe estar aprobado en menos de un mes y que pretende dar un 'revolcón' al sistema. Su objetivo: mejorar los estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio, generar rentabilidad a los empresarios y organizar, por fin, un sector que ha tenido un desarrollo poco ordenado en los últimos 70 años y en el que hoy participan 502 empresas legalmente constituidas.

Tal y como está planteado, el nuevo esquema implica una reorganización total del modelo vigente. El país se dividirá en ocho grandes corredores, cada uno de los cuales tendrá un operador escogido por medio de una licitación pública que le otorgará al ganador la posibilidad de gestionar las rutas y los vehículos durante 15 años, prorrogables por nueve más.

Aunque en líneas generales el nuevo modelo resulta beneficioso para el país, las críticas no se han hecho esperar. Los empresarios del transporte opinan que la elección de un operador por medio de una licitación podría afectar la actual estructura de propiedad y hacerlas desaparecer 'de un plumazo'.

Marino Quintero, presidente de Asotrans, el gremio del transporte de pasajeros por carretera, está en contra de la licitación y cree que la experiencia de las actuales empresas debe ser suficiente garantía para que se las elija de manera directa. "El hecho de que se licite y la búsqueda de otros actores generan gran temor en el transportador en cuanto a que esto los vaya sacando de la operación", sostiene.

Urgente reorganización

Todos coinciden en que el modelo actual del transporte intermunicipal está en crisis. Fallas en la estructura tarifaria y en la capacidad técnica, desconocimiento de los costos reales de operación y demanda, sobreoferta, ilegalidad, informalidad, altos índices de accidentalidad, excesiva reglamentación nacional y municipal y contaminación ambiental, son algunos de los principales problemas que enfrenta.

Esto motivó, hace dos años, a Gobierno y transportadores a plantear la necesidad de reestructurar el sistema. Así comenzó el diseño de un documento Conpes cuyo borrador fue presentado, en un foro el pasado 20 de agosto, a los empresarios agremiados en Asopartes, por el director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, Jorge Pedraza.

Tres cambios centrales plantea la nueva directriz: lograr una estructura empresarial del transporte, contar con un modelo de operación eficiente y acabar con la debilidad institucional. En el modelo actual, las empresas de transporte derivan sus ingresos del número de vehículos que afilien, por lo que muchas no ejercen ningún tipo de control sobre el estado de los vehículos o la idoneidad de sus conductores. Con la nueva directriz, se busca pasar de este sistema de unidad productiva a uno de estructura empresarial en el que las empresas trabajen de manera coordinada, se racionalicen los equipos, se conozca a ciencia cierta cuál es la demanda y se garantice la calidad del servicio.

En la generación de un modelo de operación eficiente, se pretende que una empresa especializada -escogida por licitación- se encargue de administrar rutas, definir horarios, establecer tarifas, velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con seguridad, calidad, manejo del personal e, incluso, garantizar la rentabilidad para los dueños de los vehículos que harán parte del sistema.

"El operador no tendrá buses, sino la tecnología para administrar rutas, vehículos y controlar la operación. Además, tiene a cargo toda la administración, hacia adelante, del sistema", dijo Pedraza en el foro, tras asegurar que los equipos que hoy prestan el servicio seguirán haciendo parte de este esquema.

Para reducir la debilidad institucional, se pretende unificar las normas de orden nacional, regional y municipal que rigen el transporte de pasajeros, a fin de ejercer un papel más proactivo de planeación, regulación, inspección, vigilancia y control de esta actividad.

Gobierno, empresarios y usuarios coinciden en la necesidad de transformar el servicio de transporte por carretera. Por eso, hoy más que nunca resulta urgente solucionar los escollos y aprovechar la actual coyuntura para impulsar el cambio, tan necesario para el desarrollo del país.