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Algo hay detrás

Misteriosamente, resulta que el Ministerio de Justicia y la Cancillería de este país de juristas no consiguen armar a derechas una petición de extradición de Mancuso que sea jurídicamente válida.

Antonio Caballero, Antonio Caballero
22 de agosto de 2020

¿Qué hay detrás? Así empiezan casi todos los artículos informativos de la prensa colombiana. Y es porque en Colombia siempre hay algo más detrás de cada noticia: algo turbio. Detrás de cada erupción volcánica hay un peculado o un cohecho; detrás de cada elección, ya sea de alcalde o de reina de belleza, un prevaricato o un par de asesinatos. Por eso pregunto esta vez: ¿qué hay detrás de la sorprendente noticia de que el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que acaba de salir de la cárcel en los Estados Unidos por pena cumplida por un delito de contrabando de narcóticos, no va a ser extraditado a Colombia, donde tiene condenas por más de 1.500 asesinatos y desapariciones, sino deportado en libertad a Italia, limpio de polvo y paja?

No volverá a Colombia a responder por sus crímenes, aunque en teoría se entregó bajo esa promesa. Porque Italia no extradita a sus nacionales, y Mancuso lo es. Del mismo modo, cuando el narcotraficante Carlos Lehder terminó de pagar su pena en los Estados Unidos, también por narcotráfico, no fue extraditado a Colombia para que respondiera aquí por delitos de sangre, sino deportado a Alemania, de donde es ciudadano, y que tampoco extradita a los suyos. (Pocos países lo hacen, con Colombia a la cabeza).

En el caso de Mancuso la noticia tiene más arandelas sorprendentes. Ya el exjefe paramilitar había sido curiosamente absuelto por un juzgado bogotano por considerar que había pagado en los Estados Unidos sus crímenes en Colombia; pero la decisión fue revocada por el Tribunal Superior. Aunque sin consecuencias: Mancuso sigue sin venir. Y en al menos dos ocasiones la petición de extradición hecha por la Justicia colombiana a la norteamericana fue retirada por ella misma, sin explicaciones. Como lo expone la organización justiciera Human Rights Watch:

“Las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos por lograr su retorno”. Y José Miguel Vivanco, su director para las Américas, añade: “Los pasos que han tomado han sido notoriamente negligentes”.

Misteriosamente, resulta que el Ministerio de Justicia y la Cancillería de este país de juristas no consiguen armar a derechas una petición de extradición de Mancuso que sea jurídicamente válida

¿Qué explica esa mediocridad y esa negligencia? ¿Esa falta de interés? Puede ser intencional, claro. Cuando el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2008 extraditó a los Estados Unidos a Salvatore Mancuso y a otros 13 comandantes paramilitares para que fueran juzgados allá por narcotráfico, y no aquí por masacres, desplazamientos y desapariciones, dijeron muchas voces, la mía entre ellas, que el objetivo era impedir que siguieran “cantando”: denunciando a sus cómplices y a sus financiadores entre los políticos nacionales y locales, y los terratenientes dueños de medio país, y las empresas agroindustriales, y sus colaboradores entre los altos mandos de la Policía y el Ejército. Y así estuvieron todos, callados, hasta ahora.

Dice esta revista SEMANA: “Desde 2017, más de un centenar de paramilitares, entre ellos una docena de sanguinarios exjefes de bloques, han salido en libertad (...) el Alemán, Julián Bolívar, Diego Vecino y otros”... Callados. Pero Mancuso, que fue uno de los más importantes –uno a quien en el año 2004 el entonces presidente Álvaro Uribe le puso un avión de la Fuerza Aérea y le compró unos zapatos Ferragamo para que llegara al Congreso a ser aplaudido por los senadores y representantes uribistas, que en su propio cálculo representaban un 35 por ciento de la corporación–, Mancuso, digo, quería hablar. Todavía quiere, según dice: “Mi deseo es informar a las autoridades y a las víctimas mi compromiso inquebrantable de decir la verdad”. Y promete hablar de las relaciones de las Autodefensas con oficiales del Ejército y de la Policía, y del caso de paramilitarismo del hermano del expresidente Álvaro Uribe.

Pero misteriosamente resulta que el Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia, este país de juristas, no consiguen armar a derechas una petición de extradición que sea jurídicamente válida. Todas les salen mal. Lo cual forma parte de nuestro sainete habitual. Pero se trata de un sainete empapado en sangre. Que puede rematarse, como advierten los abogados de la defensa de Mancuso, con su asesinato. Para que no hable.

Porque “lo que hay detrás” también suele tener en Colombia consecuencias más adelante.

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