Las mascotas ya no solo conquistan corazones en redes sociales. Algunas acumulan millones de seguidores, protagonizan campañas publicitarias, aparecen en eventos, venden productos e incluso se convierten en la imagen de diferentes marcas.
Sin embargo, mientras ese fenómeno mueve dinero, pocas veces se habla de una pregunta clave: ¿quién garantiza que esos animales reciban el cuidado que merecen?
Ese es el debate que busca abrir la llamada Ley Merlín, una iniciativa radicada ante el Congreso de la Ciudad de México con la que se pretende reforzar la protección de los animales cuya imagen o participación genera ingresos económicos a través de plataformas digitales, publicidad o cualquier otra actividad comercial.
El proyecto toma su nombre de Merlín, un pato que alcanzó gran popularidad durante el Mundial de 2026 y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Su historia sirvió para poner sobre la mesa una discusión que hasta ahora había pasado casi desapercibida: qué responsabilidades tienen quienes obtienen beneficios económicos gracias a la exposición de un animal.
La propuesta, impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma, plantea modificar la legislación de bienestar animal de la capital mexicana para que esos ingresos también se reflejen en la calidad de vida de los animales que ayudan a generarlos.
En la práctica, la iniciativa busca que los propietarios o responsables garanticen alimentación adecuada, atención veterinaria permanente, medicamentos cuando sean necesarios, procesos de rehabilitación, espacios apropiados para su desarrollo y cuidados durante todas las etapas de su vida, incluida la vejez.
Uno de los puntos que más han destacado los promotores del proyecto es que la iniciativa no pretende que los animales sean considerados propietarios de bienes o tengan patrimonio propio.
El objetivo es establecer obligaciones para las personas que obtienen ganancias gracias a ellos, priorizando siempre su bienestar por encima del interés económico.
La propuesta comenzará ahora su trámite en el Congreso de la Ciudad de México, donde deberá ser estudiada por la Comisión de Bienestar Animal antes de avanzar en el proceso legislativo. De ser aprobada, abriría un precedente sobre la protección de los animales que, gracias al alcance de las redes sociales, hoy también hacen parte de una industria que mueve millones de pesos y dólares cada año.