La Corte Constitucional negó cualquier tipo de indicio que relacione a la Corporación, a uno de sus magistrados o a su jefe de sistemas con posibles irregularidades en el reparto de expedientes.
A través de un comunicado, desde la Corte explicaron que dicho sistema es una “herramienta tecnológica automatizada, parametrizada conforme a las reglas previamente definidas en la normativa aplicable”.
Los magistrados aseguraron que esa función se ejecuta a través de esas reglas de manera uniforme, sin que el operador pueda decidir qué expediente debe ser asignado a cierto despacho.
“La distribución busca mantener la equidad entre los despachos, considerando las reglas especiales aplicables al Presidente y vicepresidente, los impedimentos, las exclusiones temporales, los déficits o excedentes de repartos anteriores y los ajustes necesarios para conservar el equilibrio histórico”, según la Corte.
El comunicado también confirmó que el proceso de reparto es auditable y se puede verificar por el código, la configuración, los controles de acceso, los datos utilizados y los resultados almacenados de cada reparto.
Pero queda el interrogante sobre las coincidencias públicas que se han registrado en el reparto de los casos al despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario Jurídico de Gustavo Petro en la Presidencia, y sobre la posibilidad de que esas alertas sean investigadas a fondo en la Corte.