Varias fuentes al interior de la Corte Constitucional le confirmaron a SEMANA que en los últimos meses ha venido creciendo un fuerte indicio sobre una posible irregularidad en el reparto de los casos, es decir, en el sistema que maneja ese alto tribunal para asignar expedientes a los magistrados que actúan como ponentes.
Las sospechas comenzaron a aparecer desde abril del año pasado, cuando ese sistema le asignó por sorteo al magistrado Vladímir Fernández, exsecretario jurídico de Petro, la tutela que interpuso su exjefe contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). La Corte concluyó que el CNE no podía investigarlo y ese proceso contra el jefe de Estado terminó en el limbo.
Meses después, el mismo sistema de reparto le asignó al magistrado Fernández la tutela que interpuso el exsenador Alexander López contra la sentencia del Consejo de Estado que lo dejó por fuera del Congreso. El fallo de la Corte Constitucional le devolvió la curul al exdirector de Planeación de Petro.
Pero el patrón se volvió a repetir hace pocos días, cuando a Fernández le correspondió otro proceso relacionado con una persona cercana al petrismo: la tutela que interpuso Lina Castillo contra la Fiscalía, quien denunció a Hollman Morris, exgerente de RTVC, por presunto acoso sexual.
#Política | Magistrado Vladimir Fernández, a responder ante la Comisión de Acusación tras denuncias de Sandra Ortiz en SEMANAhttps://t.co/7HmP4Fi7lU
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2025
Esta revista conoció que, por esa situación, hubo una solicitud verbal a la Corte para que se investigara por qué todos los procesos que tienen relación con el anterior Gobierno llegan al despacho del magistrado Vladímir Fernández, cercano al petrismo.
Asimismo, se pidió una verificación de la labor de Isaac Sáenz, jefe de sistemas de la Corte, oriundo de Neiva, la misma tierra del togado, para que se revisara la forma en que opera dicho programa de reparto.