La directora del ICBF, Carolina Restrepo, publicó un mensaje en redes sociales a raíz de la medida cautelar del Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, que ordenó suspender temporalmente determinados bombardeos cuando exista información objetiva sobre la presencia de menores.
La directora aseguró que el verdadero problema comienza antes de la operación militar y aseguró que el Estado debe identificar las zonas de riesgo, atender las alertas tempranas, prevenir el reclutamiento y actuar contra quienes captan, amenazan o utilizan a los menores.
“Un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal. Antes hubo un reclutador, hubo una amenaza, un engaño, una presión, una familia rota, una escuela abandonada, una comunidad intimidada”, dice el texto publicado por Restrepo.
La directora también envió una advertencia: si la presencia de menores en un campamento hace más difícil actuar militarmente contra una estructura criminal, los grupos armados podrían tener un incentivo para reclutar más niños y utilizarlos como una especie de escudo frente a la Fuerza Pública.
“Funciona para engrosar filas, funciona para intimidar territorios, funciona para prolongar la guerra, y, peor aún, podría terminar funcionando como mecanismo de protección frente a la Fuerza Pública. No podemos permitirlo”, dice el texto.
En su mensaje, la directora aseguró que no debería existir una elección entre proteger a la niñez y perseguir a los grupos armados, ambas obligaciones deben cumplirse simultáneamente, con las precauciones que exige la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
“La discusión, además, no puede comenzar cuando se habla de un bombardeo. Para entonces ya llegamos tarde. La pregunta verdaderamente importante es anterior, ¿cómo llegó ese menor hasta allí? ¿Quién lo reclutó? ¿Quién sabía que estaba en riesgo? ¿Qué alertas existían? ¿Dónde falló el Estado? ¿Por qué el criminal llegó primero?”, dijo la directora.