La crisis de caja del Gobierno nacional ya empezó a sentirse en la atención a las víctimas. SEMANA conoció oficios internos que muestran que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no tiene recursos para pagar los arriendos de siete sedes en Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Montería y Quibdó. Por esa razón, la entidad ordenó el cierre de esos puntos y la entrega anticipada de las oficinas.
Las direcciones territoriales quedaron ahora en una carrera contrarreloj para coordinar la devolución de los inmuebles, trasladar documentos, equipos y bienes de la entidad, y evitar traumatismos en la atención. El golpe no es pequeño. La URT debe informar a las víctimas del conflicto, principales usuarias del servicio, cómo seguirá funcionando la atención en esos territorios, por ahora sin trato presencial.