Las declaraciones de Gustavo Petro contra la rama Judicial han generado una enorme polémica. El presidente aseguró que se debía demandar penalmente al magistrado que suspendió de manera provisional los efectos del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos de pensiones privados a Colpensiones.
Una de las organizaciones más prestigiosas en la materia, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), rechazó esas declaraciones en las “cuales descalifica la función jurisdiccional y solicita denunciar penalmente por el delito de prevaricato al magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar”.
“Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos, por ello la CEJ insta nuevamente al Gobierno nacional a seguir el camino de la racionalidad institucional y a retomar la senda del respeto por las reglas del Estado de derecho”, dice la organización.
“Las discrepancias jurídicas deben tramitarse a través de los recursos procesales que la ley prevé y no mediante la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales. La CEJ reafirma que no hay causa más importante para la sociedad colombiana que defender la independencia de los jueces. La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional”, concluye.