La Superintendencia de Sociedades confirmó el archivo de una actuación administrativa iniciada el año anterior por denuncias que en su momento presentó Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, exvicepresidente Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ante la entidad de vigilancia, en contra de Enrique Vargas Lleras, Alejandro Mejía y Constanza del Pilar Puentes Trujillo.
Los dos primeros, en su condición de presidente y expresidente de la Junta Directiva de la CCB, respectivamente, y Puentes Trujillo, en su calidad de secretaria de la junta.
En las denuncias se advertían supuestas presiones sobre decisiones relacionadas con actuaciones de un funcionario de la Entidad, en relación con temas de patrones de conducta de acoso laboral y de género.
La Supersociedades ratificó, en una resolución del pasado 4 de mayo, un fallo que expidió en diciembre de 2025 mediante la cual archivó la actuación administrativa iniciada el 10 de abril de 2025 por las denuncias de Hernández Guzmán.
Ya antes, en marzo de 2026, la entidad había resuelto “no reponer” la resolución de diciembre de 2025 y, en consecuencia, confirmar al acto administrativo impugnado, ante el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto el 9 de enero de 2026 por Hernández Guzmán.
Contra la actual determinación no procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
“Todas las anteriores decisiones, tomadas en derecho y de forma imparcial por la Superintendencia de Sociedades, evidencian el comportamiento ético y moral de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá que atiende los principios de integridad, honestidad y justicia, con respecto a la dignidad humana y en busca del bien común, pues de conformidad con las citadas resoluciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades, ante las sucesivas solicitudes formuladas por la señora Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, tal como lo establece la más reciente resolución al final de su parte motiva, ellas “no están llamadas a prosperar, al no configurarse los presupuestos fácticos y jurídicos que justificarían la práctica de nuevas pruebas, la declaratoria de nulidad o la adopción de medidas correctivas o sancionatorias””, señaló la CCB en un pronunciamiento.