Desde el 7 de agosto empezaron a contar los tres meses que tienen los altos funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella para poner en conocimiento de las autoridades los hechos de presunta corrupción en las entidades.
Hay peritos contables pasando la lupa por las grandes contrataciones; los funcionarios de planta han levantado la mano para denunciar irregularidades y los jefes de gabinete y secretarios generales, en su mayoría, están procesando los informes para que los ministros expongan los casos ante la Presidencia y los entes de control y de investigación. Hay especial preocupación por los fondos mixtos de las entidades y por el manejo de recursos en el Departamento Administrativo de la Presidencia, la UNGRD y el Ministerio de Salud.