La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante una resolución de la superintendente María Rocío Cortés Vargas, ordenó archivar definitivamente la investigación contra la Dimayor, 16 clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y 18 directivos por presuntas irregularidades en fichajes.
Con esto se caen oficialmente las multas por más de $8.000 millones impuestas en octubre de 2025, librando a la Dimayor del pago individual de $3.200 millones.
La Dimayor había interpuesto previamente una acción de tutela alegando la vulneración al debido proceso en este caso, y en marzo de este año la Corte Constitucional amparó su derecho al constatar que la SIC omitió pronunciarse sobre la admisibilidad de un dictamen pericial forense aportado en los descargos.
Con esta decisión, la Corte dejó sin efecto la resolución sancionatoria de 2025 y ordenó a la SIC retroceder el procedimiento por estos presuntos fichajes irregulares a la etapa probatoria. Tras este trámite, se conoció que la investigación no continuará adelante.
El caso de los presuntos ‘fichajes irregulares’
La Superintendencia estuvo investigando una denuncia interpuesta por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) sobre una presunta cartelización y limitación de la movilidad laboral entre clubes profesionales.
Entre los mecanismos señalados por la SIC estaban un presunto intercambio de información sobre vigencia de contratos, sanciones disciplinarias o solicitudes de terminación contractual; el uso de frases como “pacto de caballeros”, “llamado ético” o “solidaridad de gremio” para evitar que otros clubes contrataran a jugadores en conflicto; y el rol que tuvo presuntamente la Dimayor en el envío de estos comunicados.
¿Por qué se cayó la investigación?
Al reabrir el expediente de este caso, la SIC rechazó una prueba pericial por “inconducente e inútil”. Sin embargo, de acuerdo con la norma, la facultad de la entidad para sancionar estos hechos caduca exactamente 5 años después del último hecho constitutivo de la infracción.
El último hecho investigado corresponde a una comunicación enviada el 2 de julio de 2021 por Óscar Armando Casabón Rodríguez (entonces presidente del Deportivo Pasto) a la Dimayor y otros clubes sobre la situación del futbolista Jeison Medina Escobar.
Como la potestad sancionatoria expiró el pasado 2 de julio de 2026, jurídicamente el archivo de la investigación era inevitable.
Con esta decisión, las multas ya no son exigibles y el procedimiento concluyó sin emitir una absolución o juicio de fondo sobre las prácticas denunciadas.
Las entidades que quedaron cobijadas por este archivo son Alianza F.C., Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Atlético F.C., Albinegro/La Equidad, Real Santander, Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, Boyacá Chicó, Envigado, Fortaleza, Leones, Once Caldas, Talento Dorado, Tigres y Unión Magdalena, además de la Dimayor y 18 dirigentes y exdirigentes.