Una fuerte tensión se produjo entre el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, y el presidente de Fenalco, gremio de comerciantes, por declaraciones del funcionario del gobierno de Gustavo Petro, en relación con las convenciones colectivas.
Palma aseguró que tiene en la mira 74 pactos colectivos con sospecha de discriminación a trabajadores sindicalizados, y confirmó que el Ministerio del Trabajo aplicaría sanciones millonarias, hasta de 5.000 salarios mínimos, a empresas que busquen acabar sindicatos. Esto se aplicaría, aun si no pasara la reforma laboral en el Congreso de la República, donde hay varios proyectos sociales en trámite, mientras el tiempo para que sean debatidos, votados y aprobados, se va agotando.
En ese contexto, Fenalco catalogó el pronunciamiento de Palma como “un acto de desespero e irresponsabilidad”. Esto porque, desde la perspectiva del gremio de comerciantes, se está hablando de sanciones onerosas si no pasa la reforma. “No puede normalizarse que los caminos para aprobar una nefasta reforma laboral sean las vías de hecho”, sostuvo el vocero del gremio, Jaime Alberto Cabal.
Para Fenalco, las declaraciones de Palma son “desafortunadas” y fueron recibidas como amenazas a empresas que no caminen en la ruta que busca trazar la reforma laboral.
“No se entiende cómo un funcionario del Ejecutivo anuncia anticipadamente unas penalizaciones, claramente desproporcionadas a empresas del sector privado. No puede normalizarse que los caminos para aprobar una inconveniente reforma laboral sean las vías de hecho con amenazas inescrupulosas”, afirmó el vocero de los comerciantes.
¿Retaliación?
Según el pronunciamiento de Cabal, las declaraciones del viceministro “no ayudan al principio democrático de separación de poderes, ni al debido proceso ni a la presunción de inocencia, cuando se anuncien sanciones multimillonarias como retaliación, si no se aprueba un proyecto de ley que generaría altos costos y destruiría numerosos empleos”, manifestó el vocero de los comerciantes.
Para Fenalco, resulta preocupante que se comuniquen este tipo de medidas, cuando el Congreso analiza las dificultades que esta reforma agregaría a las empresas en momentos difíciles de la economía”.
Más aún, si la Corte Constitucional se encuentra en etapa de revisión, para establecer si la propuesta legislativa relacionada con la figura de los pactos colectivos se ajustaría a los preceptos de la Constitución.
‘Vuelven a dar muestras de declarar a empresarios como enemigos’
Así pues, para Cabal, ese escenario creado por Palma se constituiría en “una presión indebida”, que, por demás, calificó como “lamentable”. Esto, porque, con ello, “nuevamente el Gobierno a través del viceministro vuelva a dar muestras de declarar a los empresarios como enemigos y no como aliados, cuando el 80 % de los ingresos fiscales del país en el 2023 se tuvieron gracias a la actividad empresarial privada”, concluyó Cabal.