La Contraloría General de la República emitió una alerta preventiva sobre la posible interrupción del servicio de conectividad en 788 municipios del país. La preocupación del órgano de control se centra en la inestabilidad financiera y el proceso de reorganización empresarial del operador TV Azteca, firma encargada de ejecutar proyectos de infraestructura tecnológica financiados con recursos públicos superiores a los $434.000 millones.
Específicamente, la vigilancia ordinaria del organismo puso la lupa sobre el Contrato de Aporte No. 437 de 2011, suscrito para el despliegue y operación de la Red Nacional de Fibra Óptica (PNFO). Según la Contraloría, la crisis económica del operador ya ha generado antecedentes de fallas operativas regionales.
De concretarse un corte o degradación del servicio, el impacto afectaría directamente el funcionamiento de alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y entidades públicas, además de comprometer el acceso de comunidades vulnerables al ecosistema digital del Estado.
TV Azteca: la ‘columna vertebral’ de la conectividad regional
TV Azteca opera una infraestructura masiva integrada por cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica con presencia en 893 municipios. Esta red de transporte no solo soporta las conexiones de las entidades gubernamentales, sino que actúa como insumo esencial para más de 250 pequeños proveedores de internet (ISP) que abastecen a comunidades locales a nivel nacional.
La transacción con Claro y el nuevo mapa de las telecomunicaciones
Azteca Comunicaciones Colombia tramita actualmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la autorización para integrar y vender su red de fibra óptica a Comcel (Claro).
Esta movida empresarial se produce tras el remezón provocado por la integración de Tigo y Movistar. La consolidación de ambos operadores reconfiguró el negocio en un entorno fuertemente concentrado, donde Claro (53 %) y la nueva Tigo (39 %) abarcan conjuntamente el 92 % de los accesos al mercado.
¿Qué sigue para TV Azteca?
En este contexto, el eventual traspaso de la red mayorista de transporte de TV Azteca a Claro ha encendido el debate regulatorio sobre la libre competencia y las garantías necesarias para los operadores de menor escala.
Si bien dentro del sector existe un claro consenso sobre la necesidad de salvar la red para evitar un colapso de conectividad en las regiones, el desafío radicará en imponer salvaguardas que protejan el mercado.
Así, el desenlace de esta infraestructura clave quedará condicionado a la decisión de la SIC sobre la integración, al seguimiento fiscal de la Contraloría y al monitoreo del Observatorio de Rivalidad Competitiva de la CRC.