El mercado de telecomunicaciones en Colombia se sigue moviendo, poniendo a prueba la competencia en el sector, en un momento de tensiones y ajustes críticos.
En este contexto, se dio una de las transacciones más importantes del sector: la integración de Tigo, en cabeza de Millicom, con Movistar, multinacional española que está de salida en América Latina. La consolidación de Tigo y Movistar respondía a una necesidad de inversión. “Hace unos años Tigo necesitó una capitalización relevante y Movistar también enfrentó dificultades. Un escenario en el que desapareciera uno de los grandes operadores habría sido peor, porque podría haber acercado el mercado a un monopolio”, afirma Felipe Díaz, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Colombia no es ajena a los procesos de consolidación que se están dando en el mundo, pero esta operación tiene una particularidad: mientras en otros mercados las participaciones están más repartidas entre los jugadores que permanecen, en el país la integración de Tigo y Movistar creó un operador con cerca del 39 por ciento de los accesos móviles, frente a Claro, que concentra casi el 50 por ciento. En contraste, WOM y los operadores móviles virtuales (OMV) apenas reúnen cerca del 10 por ciento del mercado.
“El sector pasó de cuatro operadores relevantes a un duopolio de facto (Claro-Tigo integrado) con asimetrías profundas”, dice Lorenzo Villegas-Carrasquilla, socio de Serrano Martínez CMA
Esta situación se da con un jugador, Claro, cuya posición de dominio ha sido declarada por las autoridades, y aunque se tomaron medidas en materia de Roaming Automático Nacional (RAN) y portabilidad, la composición del mercado no ha cambiado. A ello se suman dos hechos: la difícil situación financiera de WOM, que en su entrada rompió el mercado con precios, pero años después tuvo que acogerse a proceso de reorganización, y Telecall, jugador que compró espectro, pero no ha podido desarrollar su negocio en el país.
“Hoy tenemos un problema que arrastrábamos, el de la dominancia, y se agudiza con la integración de Tigo y Movistar”, dice un jugador del sector.
Y ahora, viene otra movida: la operación de integración empresarial entre Comcel (Claro), Azteca Comunicaciones Colombia, TV Azteca Sucursal Colombia y Total Play Telecomunicaciones Sucursal Colombia (ACC). ¿Cuál es la relevancia de esta movida? La conexión móvil o fija depende de la infraestructura de transporte. Internet llega al país por cables submarinos y desde allí debe transportarse hasta las ciudades, las antenas y los hogares. Quien controla ese transporte, controla un insumo clave para la cobertura.
En este contexto, la CRC, en las últimas semanas, ha hecho dos pronunciamientos. Uno, el anuncio de la creación del Observatorio de Rivalidad Competitiva para ampliar el monitoreo al comportamiento de los mercados de telecomunicaciones, tanto mayoristas como minoristas, así como las diversas actividades económicas dentro de la cadena de valor del sector, pero en el que destaca que la creación de este observatorio “resulta adecuada ante la concentración que el sector de las telecomunicaciones en Colombia ha tenido en los últimos años”.
De hecho, la CRC plantea en el documento varias preocupaciones: una, la hipotética coordinación competitiva entre los jugadores con mayor participación; dos, lo que la comisión llamó “una peligrosa simetría entre Comcel (Claro) y el ente integrado Tigo, contrastando con una asimetría crítica frente al resto de competidores”; y tres, los efectos de la potencial transacción entre Azteca y Comcel, respecto a las actividades asociadas al uso de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
“Desde que conocimos que podía darse la transacción entre Tigo y Movistar, comenzamos a analizar los mercados y a simular sus posibles efectos. Uno de los elementos centrales fue el RAN, porque es un insumo esencial para los agentes pequeños. Operadores como WOM y los OMV pueden ejercer presión competitiva y ayudar a evitar que los operadores más grandes alineen su comportamiento”, señala Díaz, de la CRC.
Y añade: “Tenemos expectativa en los OMV, no solo en WOM. En mercados como el Reino Unido, son dinamizadores importantes de la competencia, incluso con la presencia de grandes operadores, como British Telecom. La regulación debe ser general y permitir el uso eficiente de infraestructura, no diseñarse para favorecer a una empresa en particular”.
¿Hay anclas?
Sin embargo, la pregunta que se hacen algunos analistas es si, con niveles de participación cercanos al 10 por ciento, los OMV y WOM pueden actuar como ancla del sector para presionar, disciplinar la competencia y mantener los precios en niveles competitivos, como advierte Díaz.
“El Observatorio de Rivalidad Competitiva me parece una iniciativa interesante, siempre que se entienda como un instrumento al servicio de la función regulatoria de la CRC y no como un fin en sí mismo. Hacer un seguimiento más detallado del comportamiento del mercado tiene verdadero valor si permite identificar oportunamente problemas de competencia, extraer conclusiones y, cuando sea necesario, traducirlas de manera expedita en decisiones regulatorias. La CRC debe tener claro que no puede limitar el ejercicio de sus funciones al observatorio; esa es la mitad del camino”, dice Jorge Sánchez, socio de JSM Abogados y exsuperintendente delegado para la Protección de la Competencia.
Díaz advierte que la CRC está estudiando qué metodologías podrían utilizarse si, en un escenario extremo –con dos agentes en un mercado o un agente muy grande–, tiene, por ejemplo, que intervenir tarifas minoristas. “No queremos llegar allá. Primamos que sea la competencia la que discipline al sector. Por eso tomamos las medidas necesarias. Intervenimos el mercado, llevamos a cabo una reforma al régimen de protección de usuarios para eliminar barreras de salida y facilitar la cancelación o el cambio de proveedor. Incluso se está evaluando la cláusula de permanencia en servicios fijos para determinar si realmente protege al consumidor o si termina cerrándolo dentro de un operador”, agrega.
Para Villegas-Carrasquilla, lo positivo es que el observatorio adopta un enfoque granular basado en microdatos transaccionales, lo que permite detección temprana. “Lo cuestionable es que la Fase 1 depende de indicadores que la propia CRC reconoce como insuficientes en varias dimensiones (costos, inversión, tráfico), lo que posterga decisiones regulatorias a la Fase 2 condicional. Eso introduce riesgo de demoras en intervenciones. El observatorio genera reportes, no sanciones. Si detecta abuso, la CRC debe remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo cual podría ser una demora institucional adicional para tomar medidas”, advierte el jurista.
Agrega que los condicionamientos parecerían ser insuficientes porque trataron la operación como un acto puntual de autorización, sin anticipar que la integración consolidaría un liderazgo ya dominante de Claro, como lo ha dicho la CRC.
El segundo pronunciamiento de la CRC fue, precisamente, con relación a la integración de Comcel (Claro) y Azteca, en una comunicación a la SIC que está analizando esta operación.
Como explica Díaz, la red de Azteca surge del Plan Nacional de Fibra Óptica, que buscó tender una red troncal y neutral para darle capilaridad y conectividad al país. En su momento se hicieron proyecciones de demanda que no se cumplieron como se esperaba, lo cual dificultó la sostenibilidad del negocio.
En el marco del Plan Nacional de Fibra Óptica, Azteca desplegó cerca de 20.000 kilómetros de fibra y posteriormente sumó unos 12.000 kilómetros adicionales. Es decir, tiene cerca de 32.000 kilómetros de fibra en Colombia.
“Esa red funciona como parte del sistema nervioso que conecta al país. Una llamada móvil utiliza espectro para llegar a una antena, pero después necesita infraestructura de transporte. Lo mismo ocurre con internet. A eso lo llamamos mercado de transporte o mercado portador. Estimamos que en Colombia puede haber cerca de 100.000 kilómetros de fibra tendida. Una parte, cerca de 60.000, corresponde al mercado portador, es decir, infraestructura disponible comercialmente para terceros, y otra parte pertenece a redes privadas de grandes operadores que no lo ofrecen al mercado y lo estamos revisando porque puede ser determinante para la competencia. Dentro de la fibra que se comercializa a terceros, Azteca tiene una participación muy relevante, más de la mitad”, dice Díaz.
Azteca, además, presta servicios de transporte a pequeños ISP que son fundamentales para la competencia en fijos en muchos municipios.
“La adquisición no necesariamente aumenta de forma directa la concentración en el mercado minorista, porque Azteca no presta servicios móviles al usuario final. Pero sí puede elevarla en el segmento de transporte, y eso nos preocupa”, señala Díaz, en referencia a una actividad cuyos precios no están regulados.
Además, advierte que inquieta que haya arbitraje de costo: “Como controla el insumo, se pueden controlar los precios hacia abajo, afectando a los más pequeños del mercado, como OMV e ISP”. Este sería el tercer intento de vender Azteca, luego de la operación fallida durante el gobierno Petro, cuando Internexa y Ufinet buscaron quedarse con este activo.
El sector es uno de los más sobrediagnosticados, pero mantiene una estructura que no ha cambiado y, ahora con los procesos de consolidación, el mercado espera medidas que puedan equilibrar la cancha. ¿Se lograrán?