Ecopetrol es ahora uno de los focos del Gobierno de Abelardo De La Espriella, como lo anticipó desde la campaña presidencial. Y no es para menos. La empresa aporta cerca del 16 por ciento de los ingresos del Gobierno, entre dividendos, regalías e impuestos, pero pasó de ser la joya de la corona del Estado, con utilidades por 33,4 billones de pesos en 2022, a registrar ganancias por 9 billones en 2025. La caída llevó esta semana al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a afirmar que, para producir un resultado tan negativo, “hay que ser muy chambón”.
Se refería a la administración de Ecopetrol que estuvo en cabeza de Ricardo Roa hasta el 30 de julio de 2026, periodo que fue evaluado en un reciente estudio realizado por Juan José Echavarría, exmiembro de la junta de la petrolera, luego del cual concluyó que el desempeño de la compañía en esos cuatro años fue “muy desfavorable frente a las demás firmas petroleras comparables”. Esto teniendo en cuenta que es una compañía muy endeudada, cuando se compara con sus pares, y con menores reservas probadas que Oxy, Petrobras y Chevron.
Con ese panorama de Ecopetrol en el radar, fue convocada con premura una asamblea extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 15 de septiembre, en busca de aprobar cambios en los estatutos y elegir una nueva junta directiva, esta vez que sea más proclive al negocio principal de la empresa: los hidrocarburos.
La propuesta planteada es cambiar parte de una regla estatutaria, de manera que el Gobierno pueda reemplazar a seis de los nueve miembros del máximo órgano de decisión del grupo empresarial.
#Política | Ecopetrol: nueva administración está despidiendo a todos los familiares y amigos de políticos cercanos a Petro.https://t.co/u5SNvgqUS2
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2026
La plancha para la nueva junta
En la plancha que busca la venia de los accionistas hay tres nombres para reemplazar a igual número de renunciantes: Tatiana Roa, Juan Gonzalo Castaño y Ángela María Robledo. También se busca suplir a otros tres que vienen de la anterior administración: Carolina Arias, Hildebrando Vélez y Alberto Merlano Alcocer. Mientras tanto, se ratifican tres que representan grupos específicos: César Loza, por los trabajadores, quien dejó el timón del poderoso sindicato USO para ser parte del equipo directivo de la petrolera, luego de lo cual la agremiación sindical, bajo el liderazgo de Martín Ravelo, se desmarcó de las filas del Gobierno Petro y ahora respalda la exploración, el fracking y otras políticas de De La Espriella. Queda también Ricardo Rodríguez Yee, quien ocupa el asiento al que tienen derecho las regiones productoras: Meta, Casanare, Arauca, Huila, Santander y Boyacá; y Luis Felipe Henao, elegido por los minoristas, principalmente los fondos privados de pensiones. De esa manera, el nuevo sexteto que se sumará al trío ya ratificado lo conforman Carlos Suárez, Jorge Alberto Jaller, José Camilo Manzur, Ludmila Vergara, Betzy Martínez y Claudia Lafaurie Taboada.
Finalmente, no quedó Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, de quien De La Espriella había anticipado su llegada a la junta.
La aprobación de todos los puntos incluidos en la agenda de la asamblea de accionistas parece asegurada. Aunque Ecopetrol tiene cerca de 277.000 accionistas minoritarios, el control sigue en manos del Estado, propietario del 88,5 por ciento. Es decir, un solo voto decide por mayoría, como se ha evidenciado reiteradamente.
Una buena parte de los colombianos eligió a De La Espriella con múltiples expectativas, una de las cuales es el rescate de Ecopetrol, que tiene 129 compañías en su ecosistema, 21 de las cuales están relacionadas con sectores como el de la exploración y producción de crudo, actividad que no fue de los afectos del saliente Gobierno de Gustavo Petro, quien hasta calificó al petróleo y al gas como peligrosos, comparándolos con la cocaína. También hay subsidiarias dedicadas a la refinación y a la petroquímica, al manejo de oleoductos y a la generación de energía, varias de las cuales entraron en la ráfaga de escándalos, como Hocol, donde hubo denuncias en contra de Roa, por –presuntamente– ejercer presión para el direccionamiento de contratos a cambio de favores personales.
Aun con Ecopetrol y todas sus filiales, “el país importa hoy el 30 por ciento del gas que necesita para consumo, y el 70 por ciento del requerido para uso industrial”, según recordó Echavarría en su estudio.
De ahí la importancia de llegar al fondo de lo sucedido en Ecopetrol, ojalá para pasar la página de una etapa de alta incertidumbre, criticada por decisiones de inversión y negocios jugosos que fueron cancelados o aplazados, o por las controversias judiciales alrededor de Roa, uno de los hombres más cercanos al exmandatario de izquierda.
Ecopetrol cayó así en una crisis de gobierno corporativo, algo que estaba catalogado como uno de los mayores valores de la compañía. Se le vio como una empresa que dio traspiés y dejó de ser la máquina generadora de utilidades para el Estado, con una caída del 73 por ciento, mientras que la producción creció, desde 709.000 barriles por día en 2022 a 746.000 en 2024, lo que le permitió a Roa sustentar que los resultados que eran vistos como la debacle obedecían más a circunstancias externas, como el bajo precio del crudo y la volatilidad de la tasa de cambio, ambas variables determinantes para una compañía exportadora. Tampoco dejó por fuera la culpa de la inflación y los impuestos que tuvo que asumir la compañía, como parte de un sector que fue duramente cargado con tributos.
El argumento era reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y desincentivar la explotación de recursos naturales en pos de una transición energética que fue ampliamente criticada, no porque no fuera necesaria, sino por la manera en la que se pretendió hacer: de un tajo.
Llega la auditoría forense
Ecopetrol, que bajó dramáticamente el porcentaje de ingresos destinados a la inversión, hasta el 7 por ciento, dejó ir negocios que eran considerados favorables. Todo eso será parte del escrutinio, a través de una auditoría forense interna, confirmada por Henao, quien asumió la presidencia de la junta directiva.
Las circunstancias ameritan celeridad, porque ya en el pasado se había puesto la lupa sobre la compañía estatal, a través de la auditoría encargada a la firma Covington, que desató polémica por un cambio en el monto del contrato que en su momento era inexplicable: pasó de 875.000 dólares a 5,8 millones de dólares. La junta, que alegó desconocer la ampliación del contrato, ordenó suspenderlo.
Es así como el país también está ávido por saber si el mal momento que ha tenido Ecopetrol es producto de errores en la gestión, o si el resultado de la compañía se vio afectado por escándalos, investigaciones y controversias alrededor de Roa, relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Petro y otros cuestionamientos personales que pudieron incidir en que el entonces presidente de la petrolera no tuviera la debida concentración en la dirección de la empresa.
Aunque en la asamblea que se avecina no hay lugar para muchas sorpresas sobre el cambio estatutario y la elección de una nueva junta, la ruta que viene sí es definitiva para voltear el rumbo que llevó a una descolgada de la valorización de la compañía y a una reducción de la calificación por parte de Standard & Poor’s.
Pesaron antecedentes como la suspensión de dos proyectos piloto de fracking y la no suscripción de nuevos contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. O la decisión de Colombia, en 2024, de no participar en el Proyecto Oslo, que aportaba el 10 por ciento de la producción y el 14 por ciento de las utilidades de Ecopetrol.
Las respuestas no dan espera. Mientras se ajusta la junta y la planta de directivos de Ecopetrol, la firma está llamada a mantener las reservas de petróleo y gas, en medio de una pérdida de la soberanía energética que ahora, con un fenómeno de El Niño a la vista, sería el pasaporte a la orilla del no racionamiento energético.
Los analistas ya están en vilo, lanzando alertas, porque el país no puede darse el lujo de cometer errores del pasado con Ecopetrol. El columnista Néstor Humberto Martínez ya señaló que “la empresa no puede volver a ser el bolsillo trasero del gobierno de turno. Su presidente no puede ser un mandadero del Ejecutivo y su gestión debe alinearse con altos estándares competitivos y técnicos”.
Una vez sea elegida, la junta tendrá la misión determinante de escoger al nuevo timonel de Ecopetrol, decisión que, según el reglamento de una empresa que busca recuperar el prestigio de tener un gobierno corporativo sólido, tendrá que pasar la lupa de una firma cazatalentos. Por el momento, ya fue presentado ante los directivos de la USO, el sindicato principal de la compañía, el nombre de Joaquín Gutiérrez como candidato a presidir Ecopetrol. Se trata de un abogado cercano al mandatario y director de su campaña presidencial. La nueva junta que sea elegida en la asamblea de accionistas tendrá la última palabra.