Para atender la compleja crisis fiscal por la que atraviesa el país, el Gobierno llevó al Congreso la discusión de la Ley de Rescate Económico, con unas metas muy ambiciosas: un ajuste, entre recorte de gastos, nuevos ingresos y fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la regla fiscal, de 4,7 % del PIB, que representa unos 90 billones de pesos
Según Anif, para 2027, la reducción del gasto público y la recomposición de las fuentes de financiación de la seguridad social concentran la mayor parte del ajuste: 2,04 % del PIB, el 87 % del total. Desde 2028 gana peso el efecto neto del IVA, que combina la ampliación de su base y el costo de la devolución.
“Desde Anif, consideramos que varias medidas van en la dirección correcta, al combinar ajuste y eficiencia del gasto, optimización de los ingresos, incentivos al crecimiento y fortalecimiento institucional. No obstante, además de un componente importante de reducción del gasto, el proyecto incluye múltiples medidas tributarias que no se anticipaban”, señala el centro de pensamiento.
La discusión en el Congreso se anticipa será intensa, por los efectos que tendrá en algunos sectores, en especial en lo que se ha llamado la clase media.
Una de las propuestas de José Ignacio López, presidente de Anif, es buscar nuevos mecanismos para alcanzar las metas planteadas en el proyecto de ley, si en el camino de la discusión se caen algunas de ellas.
En su presentación en la más reciente asamblea de Anif, López planteó una serie de medidas adicionales propuestas desde ese centro de pensamiento, que representarían unos 30 billones de pesos.
De hecho, una de ellas ha coincidido con la opinión de distintos analistas sobre uno de los recursos de los que podría echar mano el Gobierno: subir los precios del diésel y eliminar el subsidio que tiene ese combustible.
“El sector de transporte en el país, en los últimos años, desafortunadamente se ha informalizado; tenemos más lo que se conoce como unicamión, una persona que maneja su camión, con unas rentabilidades bajas, con muchos problemas. Y nosotros sabemos que subir el precio del diésel en esa circunstancia va a ser muy complejo. Pero la pregunta que hay que hacerle al sector de transporte es la siguiente: llevamos ya siete u ocho años subsidiando el diésel. ¿Cuántos años más vamos lo vamos a subsidiar? Y yo estaría dispuesto a que ellos nos den la respuesta, pero que nos digan un número. Nuestra propuesta es subsidiemos el diésel hasta 2028. Vamos retirando gradual y lentamente ese subsidio, 100 pesos por mes, para que en el periodo 2028-2029 nos empecemos a ahorrar ese gasto”, dijo López.
De acuerdo con las cuentas de BTG Pactual, ese subsidio ya vale 14 billones de pesos. Esa es la cifra que tendrá que pagar el Gobierno el año entrante por ese subsidio. “La pregunta es: ¿tenemos 14 billones de pesos, nos sobran 14 billones de pesos para estar pagando ese subsidio? La verdad que no da, por ningún lado cuadra. Me parece que es una situación complicada, y efectivamente hay que tomar una decisión ahí”, dijo Munir Jalil, economist jefe para la region andina de BTG Pactual, en un panel de perspectivas económicas de SEMANA.
En ese mismo evento, Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, señaló, a nivel de recomendación para el Gobierno, la posibilidad de tocar los subsidies a los combustibles.
“Tal vez uno de los pocos logros del gobierno anterior, fue haber eliminado el subsidio a la gasolina, y vimos que este gobierno empieza a aprobar el incremento de precios a la gasolina, y a los dos días lo revierte. Una alternativa es eliminar el subsidio al diésel”, señaló Soto.
El episodio al que se refiere Soto corresponde a un aumento que fijó el Ministerio de Minas y Energía para el mes de octubre, de 46 pesos, equivalente al 0,29 % con respecto a septiembre, mientras el del diésel se mantenía estable.
El presidente De la Espriella en ese momento señaló que le pidió a la ministra que revirtiera el aumento de octubre, “mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”.
Y agregó: “Nuestro primer deber es con el ciudadano” y agregó que cuando se tomen decisiones “difíciles” se deben explicar de manera clara, transparente y pública.
Pero, además, la decisión de aumentar el precio del diésel recuerda las tensiones que se originaron en el Gobierno Petro cuando quiso hacer el incremento, pero los transportadores se fueron a un paro nacional, que duró 5 días en la primera semana de septiembre de 2024.
Los bloqueos afectaron a 23 departamentos y las principales vías de acceso a Bogotá, generando desabastecimiento parcial de alimentos, suspensión de clases escolares y pérdidas millonarias en la cadena logística y de transporte público.
“Hay una economía política que toca manejar, pero ese es el equilibrio de las fuerzas. Entonces, es un elemento para pensar: subsidio a los combustibles, mantener el aumento de precios a la gasolina y, sobre todo, con estos precios del petróleo. Quitar el subsidio al diésel, esa sería mi recomendación”, señaló Soto.
Incluso, el exministro Alberto Carrasquilla dijo, en una reciente entrevista a SEMANA, que eliminar el subsidio al diésel “es un problema político enorme que no vi abordado en la exposición de motivos (del proyecto de Ley de Rescate Económico)”. Señaló que el subsidio al diésel supera los 14 billones de pesos anuales y consideró que debe ajustarse. “El Gobierno puede hacerlo por decreto, sin pasar por el Congreso, como lo hace cada mes con los decretos de precios de los combustibles. Debe acabar el subsidio al diésel como lo hizo el anterior con la gasolina. Sin embargo, la ministra de Minas planteó aumentar el precio y el presidente la desautorizó. Es una mala señal que ojalá se corrija”.