En el marco del balance de ejecución de los recursos derivados del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Colombia y Estados Unidos, el sector arrocero nacional reportó una importante inyección de capital orientada a elevar la competitividad de los productores locales frente al mercado internacional.
Los fondos, más de $210.000 millones, son provenientes de las subastas del contingente de importación de arroz conocido como COL-RICE y son administrados por la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) con el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La mayoría de estos recursos están destinados al fortalecimiento de la capacidad de procesamiento y almacenamiento propio en las regiones productoras de arroz en el país. Para ello se han destinado $210.762 millones en la edificación de cuatro plantas industriales de secamiento, almacenamiento y trilla, a los que se suman $3.209 millones adicionales en proyectos complementarios de infraestructura de secamiento.
Dentro del esquema de tecnificación del campo y gestión ambiental, se destinaron $27.196 millones en créditos directos para la adquisición de maquinaria agrícola y $73.911 millones a la expansión del Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), iniciativa de asistencia técnica que ha permitido dotar de equipos especializados y capacitar a más de 500 productores en transferencia tecnológica
A estos rubros se suman $13.281 millones orientados a la investigación del recurso hídrico, con los cuales se financió la construcción del Centro de Gestión del Recurso Hídrico en El Espinal (Tolima) para optimizar el uso del agua ante la variabilidad climática.
Esta transformación agroindustrial se da en un contexto en el que el Consejo Nacional del Arroz y el Ministerio de Agricultura adoptaron un Modelo de Ordenamiento Productivo que empezará a regir a partir del primer semestre de 2027. La medida busca equilibrar la oferta y la demanda nacional mediante la zonificación de siembras por departamento y la realización de un Censo Arrocero Nacional.
El nuevo esquema estatal busca blindar los ingresos de los productores a través de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios, la administración responsable de los contingentes de importación, la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios, pólizas colectivas de seguro agrícola y el acceso a líneas de crédito de Finagro para la integración agroindustrial.