En un debate en el Congreso, en la comisión accidental bicameral al seguimiento a la atención de los damnificados por el terremoto, al que presentó excusa y no asistió el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dejó claras las instancias y obligaciones de esta cartera frente a la tragedia del pasado 10 de agosto:
“Quisiera en esto ser supremamente claro y preciso, que no es función del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la atención de los desastres, no es nuestra función. Nosotros ni somos responsables de la atención de la emergencia, ni estamos asumiendo la rehabilitación de las zonas que fueron afectadas, ni tampoco tenemos una función directa en los procesos de reconstrucción. Ustedes no me pueden pedir a mí que yo atienda el tema de reconstrucción, esa no es la función del Ministerio de Hacienda, es de otras entidades”.
Acto seguido se pronunció sobre la administración y los recursos que vienen del Presupuesto General de la Nación. Gómez dijo que las fuentes de financiación actuales están dispersas en diferentes mecanismos y explicó que en el presupuesto únicamente están divididos los recursos en tres grandes categorías, funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.
“No está desagregado más allá de ese nivel. En el decreto de liquidación, los entes que están incluidos en el Presupuesto de la Nación pueden pedir que se desagreguen las partidas iniciales. Ahí se puede incorporar un nivel de desagregación más alto, pero eso es responsabilidad de los agentes del Presupuesto General de la Nación, ni del Ministerio de Hacienda, por el principio consagrado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual los órganos tienen autonomía para definir la estructura de su gasto”, señaló Gómez.
Agregó que el decreto de liquidación del presupuesto debe estar vigente antes del primero enero del año 2027. “Entonces en el proceso de liquidación del presupuesto sí puede pasar o sí va a suceder que alguna entidad diga yo quiero destinar estos recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Allí en ese momento sabremos con mucha más precisión dentro del Presupuesto General de la Nación cuáles partidas están dedicadas a eso”.
Frente a los recursos destinados al Fondo Milagro, insistió en que no es el gerente de esta entidad, pero explicó de dónde vienen los aportes. “Pueden venir de diferentes fuentes: del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales, recursos del sistema general, donaciones mundiales públicas o privadas, recursos de capital que sería deudas, ingresos y saldos de los fondos especiales, recursos con destinación específica utilizados a título de préstamo reembolsable, rendimientos financieros y otros recursos que puedan ser utilizados para este fin”.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Hacienda respecto de la operación del Fondo Milagro? Advirtió que lo que hace el Ministerio es, a través de la cuenta única nacional, realizar los pagos que le sean ordenados por la fiducia que administra el patrimonio autónomo.
“A los cuatro días del terremoto, obtuvimos que, en una operación de financiación, el Banco Mundial nos habilitara una línea de crédito por 200 millones de dólares. Esos recursos fueron transferidos al Fondo Milagro y hoy en día están a su disposición. Existe la posibilidad que no se ha descartado de utilizar una línea adicional de 200 millones de dólares con la misma entidad multilateral, eso se podría hacer y podríamos ponerlo a disposición. Naturalmente, queremos analizar esa alternativa en la medida en que los recursos que ya se han entregado al Fondo, se vayan ejecutando”, señaló el ministro.
De otro lado, agregó que se habilitó a la Dian para que diera una capacidad de alivio tributario a deudores morosos y que esos recursos derivados de ese programa fuesen consignados y dedicados exclusivamente al Fondo Milagro, situación que se ha aprobado en el Congreso de la República. “El plazo máximo para beneficiarse de los alivios tributarios es el próximo 19 de noviembre. Al día de ayer, la Dian había recibido por motivo de esos alivios tributarios la suma de 1,6 billones de pesos. El monto máximo autorizado es de 2,7 billones y estamos relativamente optimistas de que vamos a superar la cifra actual de 1,6 billones”, indicó Gómez.
Dijo sobre los estimativos de la fase de reconstrucción que se han mencionado diferentes cifras: “Empezamos con algo así como 20 billones de pesos, se han escuchado 30 billones, ahora recientemente estamos hablando de más de 50 billones de pesos, podría costar la rehabilitación”.
Añadió que las compañías de seguros tienen que reportar a la Superintendencia Financiera cómo han sido las indemnizaciones que ellas han asumido y el superintendente financiero le ha señalado al ministro que va a enviar el informe de cómo va el proceso. “Es desigual. Para analizar los daños en Colombia no tenemos suficientes ajustadores, fue necesario traer personas de Centroamérica”, dijo Gómez.
Dentro de los decretos legislativos existe la posibilidad de utilizar o extender a las zonas afectadas por el terremoto la posibilidad de hacer obras por impuestos. La ARN que es la entidad encargada de autorizar las obras por impuestos, tiene disponibles 200.000 millones de pesos para este año y el cupo proyectado para el año próximo en el Presupuesto General de la Nación de 2 billones de pesos. “Un billón estaría destinado a reconstrucción y un billón para el mecanismo ordinario de obras por impuestos”, dijo el ministro.
Finalmente, Gómez señaló que los giros realizados a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, giros provenientes de partidas del presupuesto no ejecutados, fueron adicionalmente por 366.000 millones de pesos y en el PAC, programa anual de caja, se ha girado, durante el año 2026, 2 billones 97 mil millones de pesos, y desde el mes de agosto a noviembre se ha girado a la UNGRD un monto total de 345.000 millones.