Colombia está en la recta final de uno de los procesos de elección de presidente de la República más reñidos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pero también, a su vez, más polarizados de su historia.
En medio de este escenario, el tejido empresarial está a la expectativa de lo que vendrá con el nuevo gobierno, sea quien sea, pero con las lecciones aprendidas en el desarrollo de sus relaciones con el Ejecutivo.
De hecho, el comportamiento corporativo en Colombia y la percepción frente a este proceso electoral, ha tenido ajustes y nuevas preocupaciones, como lo demuestra un estudio de la consultora FTI.
Se trata de la segunda medición del PA Insights 2026, estudio que documenta cómo el sector privado colombiano está gestionando el riesgo político en el contexto del ciclo electoral, a partir de entrevistas con 50 directivos de asuntos públicos y 44 CEO de las principales organizaciones del país.
La primera gran conclusión es que el 70% de los directivos de asuntos públicos y el 82% de los CEO perciben las elecciones de 2026 como más riesgosas que las anteriores, y esta convergencia en la lectura ejecutiva sugiere que el fenómeno ha adquirido una visibilidad suficiente para impactar la toma de decisiones de la alta dirección sin mediación técnica. “La relevancia de este giro radica en su carácter irreversible: una vez que el entorno político se incorpora como un factor central para la planeación estratégica, la organización debe construir capacidades permanentes de monitoreo, anticipación y adaptación”, dice el estudio.
Lo que el análisis llamó “la tensión más crítica” está entre lo que las organizaciones perciben y lo que han construido para responder. El 82% de los CEO considera que 2026 es el ciclo más riesgoso que han enfrentado, pero solo el 40% de las empresas cuenta con un protocolo de crisis específico para el año electoral y apenas el 48% tiene una matriz de riesgos actualizada para este periodo. Pero va más allá: el 18% reconoce abiertamente que carece de las herramientas necesarias para gestionar estos riesgos. “Esta asimetría entre consciencia del peligro y capacidad instalada define la vulnerabilidad estructural del sector”, señala y anticipa que la brecha se agrava en un contexto donde la respuesta predominante es el activismo directivo individual: el 50% de las empresas ha intensificado su agenda de relacionamiento, pero solo el 18% ha aumentado su presupuesto de asuntos públicos. “La intuición ejecutiva está activa, pero la arquitectura de respuesta, rezagada”, concluye.
Destaca el análisis que el modo dominante de incidencia política del sector privado colombiano ha experimentado un desplazamiento que calificó como “profundo”. Explica que el modelo de relacionamiento directo, personalizado y en ocasiones de financiación, ha cedido terreno ante una lógica de influencia basada en evidencia, mesas técnicas y producción de insumos para planes de gobierno: el 74% de los directivos de asuntos públicos reporta participación activa en comités para generar documentos técnicos con vocación programática, mientras que apenas el 5% financia proyectos gremiales por encima de su cuota de afiliación. “La capacidad de moldear la política pública desde su concepción técnica reduce el riesgo reputacional, genera capital institucional de largo plazo y posiciona a la empresa como aliada del Estado antes que como factor de presión de sus decisiones. Al mismo tiempo, refleja las tensiones crecientes alrededor del rol de los gremios, sus prioridades y los esquemas de financiación que sostienen su capacidad de incidencia. La influencia eficaz, en este nuevo paradigma, se construye con criterio y rigor”.
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la disociación entre el daño reputacional individual y el daño reputacional colectivo. “Aunque el 74% de las compañías no ha sido mencionado directamente en columnas o artículos de opinión, entre el 34% y el 43% de los directivos percibe que el proceso electoral está deteriorando la imagen de su sector ante la población general. En empresas de alta exposición, ese porcentaje asciende al 71%”, explica el informe. Es decir, el ataque sistemático a un sector como categoría erosiona la legitimidad de todas las empresas que lo integran, independientemente de si han sido nombradas. “La narrativa sectorial funciona como un bien común que ninguna organización puede proteger unilateralmente, lo que vuelve indispensable la cohesión narrativa y la construcción de coaliciones capaces de defender posicionamientos compartidos. La empresa que protege solo su imagen individual, en este entorno, pierde el partido más importante”, anticipa el informe.
Además, asegura que la concentración en el canal gremial puede resultar insuficiente cuando los riesgos regulatorios son específicos al modelo de negocio de cada empresa. “La brecha entre el análisis interno —que el 68% realiza— y el activismo directo —que apenas el 26% ejecuta— revela que las organizaciones tienen claridad sobre sus vulnerabilidades particulares, pero delegan la respuesta en un mecanismo diseñado para proteger intereses compartidos, no diferenciados”.
A su vez, el informe tiene otra revelación: los CEO en Colombia están abandonando la postura de bajo perfil como mecanismo de protección y está asumiendo roles más visibles en la discusión pública. “El 63% de los CEO encuestados considera que debe tener un papel activo frente a los grandes debates de política pública, y el 20% está dispuesto a tomar posiciones en temas de interés nacional más allá de los intereses sectoriales inmediatos. En empresas de alta exposición electoral, esta disposición alcanza el 88%. El cambio es significativo porque revela una lectura estratégica nueva: el silencio ya no necesariamente protege”, agrega.
De otro lado, el 77% de los CEO ha abandonado la idea de una estrategia institucional estática: el 43% considera que cada gobierno requiere estrategias muy diferentes y el 34% anticipa ajustes parciales según el resultado electoral. “Esta mentalidad adaptativa refleja una comprensión madura de cómo los ciclos políticos alteran incentivos regulatorios, velocidades de decisión estatal y condiciones de interlocución”, señala el informe. Sin embargo, el estudio también advierte el riesgo implícito de este enfoque: “la adaptación permanente a las dinámicas del poder puede dificultar la construcción de legitimidad institucional de largo plazo y debilitar la capacidad de sostener posiciones técnicas consistentes bajo presión política. Las organizaciones que ajustan completamente su estrategia en función de quién gobierna corren el riesgo de perder la coherencia institucional que, precisamente, es el activo más valioso en entornos de alta polarización”, concluye.