El más reciente atentado contra un bus intermunicipal en la vía entre Valdivia y Tarazá, que dejó heridos al conductor y a un pasajero, volvió a poner en evidencia la grave situación de seguridad que enfrenta el transporte terrestre en Colombia. El hecho se suma a una serie de ataques, quema de vehículos, extorsiones y amenazas que han dejado no solo pérdidas económicas, sino también víctimas humanas.
La situación ha generado alarma en el gremio, que exige acciones concretas por parte del Gobierno nacional. Los empresarios piden la activación inmediata de pólizas antiterrorismo, reparación directa del Estado y una presencia permanente y coordinada de la Fuerza Pública en los corredores viales más afectados por la violencia.
“Cada vehículo incendiado representa una familia sin sustento y una comunidad aislada. No es solo destrucción de bienes: es un ataque al derecho a la movilidad”, afirmó José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), quien también advirtió que la falta de control estatal está dejando al sector completamente desprotegido.
Desde el gremio, insisten en la necesidad de una política estructural de protección, pues consideran que el transporte intermunicipal no puede seguir siendo rehén de actores armados ilegales. Advierten que, sin garantías reales, el servicio podría verse suspendido en varias zonas del país, profundizando el aislamiento de comunidades enteras.