Ante la Cámara de Representantes fue radicado el Proyecto de Ley 454 de 2026, denominado “Ley del Sector Gastronómico Colombiano”, una iniciativa respaldada por congresistas de diversas bancadas, entre las que se encuentra el Centro Democrático, y por gremios del sector como la Cámara Gastronómica de la ANDI, Acodres, Asobares y el Tour Gastronómico de Antioquia.
La propuesta busca establecer un marco regulatorio especializado para la industria de restaurantes, bares y cafeterías en el país, segmento que actualmente carece de una ley marco unificada.
“El principal desafío no es la ausencia de regulación, sino la existencia de un marco disperso, fragmentado y administrado por múltiples autoridades y niveles de gobierno, que genera dificultades de cumplimiento, duplicidad de requerimientos y mayores costos regulatorios”, señaló la Cámara Gastronómica de la ANDI en un comunicado.
Entre las principales medidas en materia tributaria, el articulado plantea unificar los esquemas actuales mediante una tarifa del 5 % del IVA con derecho a impuestos descontables.
Según los promotores de la iniciativa, este cambio pretende corregir la asimetría fiscal entre competidores que ofrecen el mismo servicio: actualmente, las franquicias tributan con una tarifa general del IVA del 19 % (con derecho a descontables), los restaurantes independientes pagan un Impuesto Nacional al Consumo (INC) del 8 % (sin derecho a descontables) y los afiliados al Régimen Simple integran el tributo en su tarifa general.
Adicionalmente, el proyecto contempla la creación del Certificado de Inversión Gastronómica para descontar del impuesto sobre la renta los recursos destinados a proyectos del sector aprobados previamente.
En el frente administrativo, la iniciativa busca ordenar y racionalizar cerca de 235 normas dispersas que hoy administran distintas autoridades locales y nacionales.
Para ello, propone implementar la Ventanilla Única Territorial Gastronómica (VUTG), con el fin de centralizar los trámites de funcionamiento en municipios y distritos. De igual forma, plantea habilitar las Guías de Orientación Gastronómica, una plataforma digital pública y gratuita orientada a explicar la normativa aplicable a cada tipo de negocio en lenguaje claro.
En cuanto al control técnico y ambiental, el proyecto establece una clasificación de complejidad sanitaria a cargo del Ministerio de Salud y del Invima para ajustar las inspecciones según el nivel de riesgo de cada establecimiento. Además, ordena al Ministerio de Ambiente expedir regulación específica para el manejo de aguas residuales en este tipo de comercios.