La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por la prolongación del cese de actividades que, según indicó, completa más de 25 días y afecta algunas operaciones del sector de hidrocarburos en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. El gremio aseguró que la situación está generando impactos sobre el empleo, la actividad económica regional y el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.
A través de un comunicado, la ACP señaló que la suspensión de actividades también está afectando la prestación de servicios y la cadena de empresas contratistas vinculadas a la industria, además de retrasar la ejecución de diferentes proyectos relacionados con la operación petrolera.
“La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifiesta su preocupación por la prolongación del cese de actividades que desde hace más de 25 días afecta algunas operaciones en Puerto Gaitán (Meta), una situación que continúa generando impactos sobre el empleo, la actividad económica regional, la prestación de servicios, la cadena de empresas contratistas y el desarrollo de proyectos estratégicos para el país”, indicó el gremio.
Según la asociación, la situación se originó por reclamaciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales. La organización sostuvo que el conflicto está generando consecuencias que trascienden las diferencias entre las partes involucradas.
“La situación, originada en reclamaciones promovidas por integrantes del gremio metalmecánico relacionadas con condiciones económicas extralegales, está generando consecuencias que también comprometen el normal desarrollo de otras actividades del sector”, señaló la ACP.
El gremio explicó que entre las actividades afectadas se encuentran las labores de mantenimiento, adecuación de infraestructura, construcción de facilidades, perforación y producción, lo que, según afirmó, está ocasionando retrasos en la ejecución de proyectos considerados estratégicos para la industria.
La asociación reiteró que las condiciones laborales, contractuales y comerciales deben definirse dentro del marco de la legislación vigente, respetando la autonomía de las empresas y las particularidades de cada operación.
“Las soluciones requieren un análisis técnico y jurídico que permita proteger los derechos de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las operaciones, el empleo, la competitividad del sector y la continuidad de proyectos que generan inversión, regalías y oportunidades para las regiones”, expresó.
Asimismo, la ACP recordó que la industria de los hidrocarburos desarrolla actividades consideradas de utilidad pública e interés social y afirmó que su funcionamiento incide en la seguridad energética, las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.