El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo al Decreto 0415 de 2026, al considerar que pone en riesgo el ahorro pensional de millones de colombianos y vulnera principios legales fundamentales del sistema.
Según el gremio, la medida que ordena el traslado obligatorio de aproximadamente 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones atenta directamente contra los recursos de los trabajadores y afecta la confianza institucional del país.
“Esta contradicción taxativa de la ley aplica para el 80 % de los recursos que pertenecen a afiliados que no han consolidado el derecho a la pensión. Pero, además, el 20 % adicional que ya lo consolidó, se contradice con el decreto 1225 de 2024, el cual reza que “en el evento en que se consolide la pensión antes de la entrada en operación del Fondo de Ahorro del pilar contributivo, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las AFP” (Art. 16)“, destaca el Consejo Gremial.
El Consejo advirtió que esta decisión compromete no solo los ahorros individuales de los afiliados, sino también la sostenibilidad del sistema pensional y los derechos de las futuras generaciones.
“El decreto desconoce garantías legales sobre la administración de los recursos, que deberían permanecer en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide el derecho a la pensión”, señala el Consejo Gremial Nacional.
Además, el gremio sostuvo que la medida contradice lo establecido en la Ley 2381 de 2024 y otras normas vigentes, lo que genera un choque jurídico. Junto a esto, indicaron que esta inconsistencia afectaría tanto a quienes aún no han consolidado su pensión como a quienes ya lo han hecho.
Por otra parte, destacan que, al encontrarse suspendida la Ley 2381, el Gobierno no tendría facultades para modificar el régimen pensional mediante decreto. También recordaron que la legislación vigente prohíbe traslados entre regímenes cuando al afiliado le faltan menos de diez años para pensionarse.
Por último, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado urgente a entidades como el Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría y las altas cortes para que intervengan y suspendan la aplicación del decreto.