Un extenso oficio en el que se detallan las presuntas irregularidades de una licitación pública de la Aerocivil (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil) fue enviado por varios gremios del sector de la seguridad y la vigilancia a la Contraloría y la Procuraduría, con el fin de solicitar una intervención preventiva y de control fiscal.
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en los aeropuertos del país. Sin embargo, según los firmantes del documento, existiría una grave afectación a la libre competencia y a los principios que rigen la contratación estatal. De acuerdo con sus argumentos, “las condiciones del pliego generan claros indicios de direccionamiento del proceso y restringen injustificadamente la competencia, mientras la propia entidad habilita sábados, domingos y días festivos para adelantar actuaciones dentro de este proceso contractual”, explicó Fedeseguridad, uno de los gremios que suscriben el oficio.
Según la denuncia, el proceso estaría orientado hacia un único proponente. Esto constituiría, según los denunciantes, “una abierta contradicción con los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación estatal, incluso bajo el régimen especial que resulta aplicable a la entidad”.
Cabe señalar que el contrato, cuyo objeto es la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, también incluye el suministro de circuito cerrado de televisión (CCTV) y de medios tecnológicos para la seguridad aeroportuaria.
Según los gremios denunciantes, el proceso licitatorio anterior, que ahora sirve de referencia para el reclamo, “permitió la participación por lotes o zonas geográficas (seis en total), lo que posibilitó que empresas de distinto tamaño concurrieran en igualdad de condiciones”, recordaron.
Para ese proceso, la participación de oferentes fue amplia: “52 aspirantes conformados por ciento quince (115) empresas del sector”. Al finalizar el trámite, se adjudicaron seis contratos a 14 empresas, por un valor superior a los $311.000 millones. “Ese esquema está actualmente en ejecución sin que se hayan reportado inconvenientes que justifiquen su abandono”, argumentaron los gremios que enviaron el oficio a la Contraloría y la Procuraduría.
Con ese antecedente, los gremios expresaron su preocupación porque, según sostienen, en el nuevo proceso se eliminaría la posibilidad de participar por lotes o zonas geográficas, concentrando toda la operación nacional en un único adjudicatario. Además, denuncian que el objeto contractual se amplía al incorporar componentes tecnológicos, como CCTV, comunicaciones y seguridad aeroportuaria especializada, como elementos esenciales y no complementarios de la contratación.
Según la denuncia, “los requisitos habilitantes y ponderables incorporados en el nuevo pliego representan un incremento sustancial frente al proceso de 2022”. Como ejemplo, señalan la exigencia de acreditar 14 sucursales distribuidas a nivel nacional, tanto como requisito habilitante como factor de evaluación, una condición que, según advierten los gremios en el oficio enviado a la Contraloría y la Procuraduría, solo cumpliría una empresa en el país.
Peticiones a los organismos de control
De manera puntual, entre otras solicitudes, los firmantes del oficio pidieron a la Procuraduría requerir a la Aerocivil para que justifique técnica, jurídica y financieramente cada uno de los requisitos que representan un incremento sustancial frente a los exigidos en el proceso anterior.
En el caso de la Contraloría, la solicitud busca que esa entidad ejerza una actuación de control fiscal preventivo, al considerar que podría existir un riesgo para el patrimonio público debido a la concentración de la contratación en un único proponente.
En el oficio, los gremios firmantes solicitan una actuación conjunta consistente en “adoptar de manera conjunta o articulada las medidas de seguimiento y verificación que estimen pertinentes, incluyendo, si lo consideran procedente, requerir a Aerocivil la suspensión de los términos del proceso mientras se resuelven las observaciones pendientes”, concluyen.