Hace unos días, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella publicó El libro de la verdad. Se convierte no solo en un corte de cuentas con el que su mandato recibe la Administración Petro, sino en denuncias sobre presuntos casos de corrupción, que serán la base de investigación de las autoridades.
En ese escenario, la práctica penal corporativa será clave. “Habrá un incremento en la dinámica. Hay empresas que en el Gobierno pasado presentaron denuncias por hechos de corrupción a un muy alto costo, pues en ocasiones entidades como el Ministerio del Trabajo, algunas superintendencias, la Dian o la Uiaf fueron utilizadas como “policía política”. Seguramente, con el cambio de gobierno, esas situaciones empezarán a visibilizarse más, con el análisis de posibles implicaciones penales. Con la llegada del nuevo Gobierno habrá empresas que querrán denunciar más hechos, pero el reto estará en la respuesta que dé la Fiscalía General de la Nación”, señala Andrés Jiménez, socio de Riveros Bazzani Abogados.
Esta es apenas una de las expectativas que trae la llegada del nuevo Gobierno. Para Fabio Humar, socio de Fabio Humar Asociados, hay reformas y ajustes urgentes para que el país “no siga siendo un estado fallido en materia de justicia penal”.
Considera que este es un buen momento para impulsar algunas transformaciones que, si bien a su juicio no son urgentes, sí podrían poner al sistema de justicia penal bajo estándares más elevados. “Un ejemplo de ello sería empezar a instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consagración de delitos financieros y económicos en modalidad culposa”, afirma Humar.
Precisamente, sobre la ola de denuncias de corrupción de casos del Gobierno anterior, con la vinculación de empresas de los sectores público y privado, Humar dice que es momento de reconfigurar el modo de investigar y juzgar la corrupción en Colombia. “Hay grandes titulares de prensa sobre hechos que ameritan investigaciones, pero muy poca capacidad estatal para investigar, juzgar y sancionar”.
Otro de los frentes que se está observando es la vinculación de personas a la Lista Ofac. Jiménez considera que, en cuanto a esta inclusión, lo más relevante tiene que ver con la categorización de los carteles del narcotráfico como terroristas por parte de Estados Unidos. “Esto implica un aumento de los riesgos para compañías con exposición a la jurisdicción de los Estados Unidos, pues muchas de ellas han sido víctimas de extorsión durante los últimos años y la inadecuada gestión de estos riesgos puede terminar en casos como el de Chiquita Brands”.
Para Humar es una herramienta autónoma de Estados Unidos, con graves incidencias en el desarrollo de la vida de personas en Colombia. “Algo ha venido cambiando, en especial con los fallos de tutela del exministro Benedetti, en los que se ordenó que, a pesar de su inclusión en la Lista Ofac, el ministerio para el cual él trabajaba debía pagarle su salario y el banco correspondiente debía, también, permitir que tuviera algún grado de relacionamiento financiero, sin mayores límites”.
Frente a Venezuela, cambió la dinámica con la captura de Nicolás Maduro. “Esto hizo que los riesgos Ofac con varias industrias de ese país hayan cambiado y se abran oportunidades de negocios para empresas colombianas, por ejemplo, pero no limitado al sector de hidrocarburos, donde debe gestionarse adecuadamente ese riesgo”, afirma Jiménez.
Los juristas coinciden en que, en lo relacionado con la JEP, es improbable que desaparezca, pero siguen las críticas sobre su eficiencia, pues los resultados han sido escasos para el presupuesto que se le ha asignado, así como la demora en emitir sanciones.
De cara a lo que viene, Humar destaca la llegada de investigaciones por hechos de delincuencia financiera “y de cuello blanco, que son el camino del blanqueo de capitales que han servido como alimento de las estructuras criminales”, pero advierte que la Fiscalía no puede tomar años en estas investigaciones.
Jiménez advierte que un cambio importante es una nueva circular de la SuperSociedades, que amplió la obligación de incluir en sus programas de compliance nuevos delitos como los ambientales, electorales y societarios, además de los de lavado de activos y corrupción. “Los temas de acoso sexual en ámbitos laborales han incrementado su relevancia penal con casos recientes y mediáticos. Asimismo, resta por verse cómo manejará la nueva administración de la Dian asuntos aduaneros y tributarios que en los últimos cuatro años pasaron de asuntos meramente administrativos a discusiones con la Fiscalía General de la Nación”, concluye Jiménez.