La Auditoría General de la Nación, a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal, presentó recientemente un informe en el que se analizó la contratación territorial entre el 13 de noviembre de 2021 y el 31 de enero de 2026, período que coincide con la realización de elecciones legislativas, presidenciales y de autoridades locales.
Dicho informe busca identificar los comportamientos de contratos celebrados, teniendo en cuenta las restricciones que imponen la constitución y la Ley de Garantías Electorales, que es la 996 de 2005. Dicha ley busca evitar que el gobierno use recursos públicos para influir en elecciones, por lo que restringe la contratación en entidades públicas en fechas cercanas a las elecciones.
Los investigadores del ente precisaron un aumento significativo en el volumen y valor de la contratación pública territorial en el mes previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, lo cual se observa con mayor claridad en los periodos electorales de 2022 y 2026.
Señalaron que en enero del 2022, las entidades territoriales firmaron unos 350.000 contratos directos. Esta cifra cayó a 8.370 cuando entró en vigencia la normativa electoral. De otro lado, para 2026, la contratación directa vuelve a crecer con la firma de 262.820 contratos, previos a la entrada en vigor de la restricción. Cayó a 560 contratos cuando entró la norma en vigencia.
“Al comparar los meses de enero de 2022 y enero de 2026, períodos similares por ser previos a la Ley de Garantías, se observa una disminución cerca al 25% en la suscripción de contratos directos para la vigencia actual. Para los investigadores, las razones de la reducción pueden variar desde un menor uso de la modalidad de contratación hasta la extemporaneidad en los reportes de la misma”, precisó la Auditoría.
En el caso de las elecciones de alcaldes y gobernadores en 2023 se detectó un incremento sin precedentes en contratos interadministrativos. Previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se suscribieron 6.870 contratos bajo esta modalidad, un incremento casi tres veces mayor al volumen de la contratación interadministrativa que se realiza cuando no hay elección de autoridades locales.
“En materia de valor de la contratación pública territorial, en los meses de enero de 2022 y enero de 2026 aumenta el costo de la misma en relación con el primer mes de los años no electorales. En enero de 2022 la contratación llegó a los 12 billones de pesos, mientras que en enero de 2026 alcanzó los 7 billones de pesos”, dice la entidad.
¿Qué concluye la auditoría?
La entidad asegura que los datos demuestran un aumento significativo en el volumen y valor de la contratación pública territorial en el mes previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, especialmente en los periodos 2022 y 2026.
Adicional a ello, la contratación directa es la modalidad más usada por las entidades territoriales, tanto en tiempo electoral como en período no electoral, alcanzando el 62%, en promedio, del total de la contratación pública, lo que contrasta con el espíritu de la Ley 80 y la Ley 996 de 2005.
Por su parte, la contratación interadministrativa predomina previo a la elección de alcaldes y gobernadores.
“Durante las fechas de restricción de la Ley de Garantías Electorales, se reportan contratos directos e indirectos que, por su objeto, parecen corresponder a las excepciones legales asociadas a bienes y servicios para atender procesos de salud, infraestructura, emergencia, entre otros, sin embargo, es necesario realizar una revisión profunda para identificar posibles riesgos al incumplimiento de la normativa”, concluye la entidad.
Finalmente se evidencia una concentración del gasto público en fortalecimiento institucional y gestión pública, aspectos que no corresponden al gasto social.