Dos factores impulsaron la economía en el segundo trimestre de 2026 para llegar al 3,5 por ciento reportado por el Dane, un resultado superior al esperado por los analistas. El primero, un gasto público que siguió como motor de la demanda interna; y el segundo, un consumo de los hogares apalancado en el Mundial de Fútbol, con mayores compras de televisores y gasto en servicios de entretenimiento.
Tras este resultado, la economía podría cerrar el año por encima del 2,6 por ciento que se proyecta actualmente, aunque todavía no hay señales suficientes para dar por consolidada una aceleración más fuerte.
El escenario sigue siendo apretado porque el descuadre es de largo alcance, con un déficit fiscal que podría superar el 7 por ciento, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), e, incluso más, según nuevos pronósticos. Pero ahora, con la ocurrencia de una tragedia como la que produjo el terremoto del 10 de agosto, con todo y el dolor que causan las pérdidas humanas y el padecimiento de miles de damnificados, el país estaría ante una oportunidad de acelerar la economía, según expresa Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. “Toda la inversión que se requiere lograría tener un impacto multiplicador, pero como se trata de hacer obras, ponerlas en marcha no es un asunto inmediato. Por lo tanto, el efecto se vería más en 2027”.
La disyuntiva
Corregir la dependencia del gasto público como motor de la economía plantea ahora una disyuntiva, pues los analistas consideran que ese impulso no es sostenible.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, recuerda que el PIB ha crecido en promedio 2,9 por ciento durante los últimos cuatro trimestres, pero estima que, sin el aumento del gasto público, la expansión habría sido de apenas 0,9 por ciento.
“El problema fiscal es tan grande que es imposible pensar, incluso con el terremoto, que ahora el gasto público no sea recortado”, dijo Mejía. La consecuencia de la nueva coyuntura es que el recorte del gasto será menor en el muy corto plazo, pero los mercados esperan una señal de ajuste importante en este cuatrienio, agregó.
De hecho, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya decidió acoger la propuesta de los congresistas de las comisiones económicas de devolver al Ejecutivo el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado por el Gobierno saliente por 575,6 billones de pesos, de los cuales 367,7 billones corresponden a funcionamiento. La decisión abre la puerta a una reorganización de la carta financiera del próximo año y mantiene la expectativa sobre el ajuste que propondrá Gómez.
Más aún, hay incertidumbre con respecto a cómo ajustará las cuentas el Gobierno de Abelardo De La Espriella si mantiene su promesa de no cargar con más impuestos a los colombianos. Las dudas están en si se podrá mantener esa idea en la eventual reforma tributaria que llevarán al Legislativo en septiembre.
De ahí que Cárdenas, quien considera que el crecimiento del segundo trimestre fue artificial porque se apoyó en gastos insostenibles, como los aumentos salariales y la contratación de personal por prestación de servicios, sostenga que ahora el motor de la economía debe ser la inversión, “y ojalá la inversión privada”. A su juicio, ese cambio permitiría avanzar hacia una situación financiera más estable.
Eso sí, afirma el exministro, tampoco se puede confiar en que en la reconstrucción estarán todas las soluciones. En parte porque se necesitarán pinzas para hacer las cuentas de los recursos públicos de 2027, pues además de recortar el gasto, se debe abrir espacio para financiar desde el Estado parte de la infraestructura afectada por el sismo.
Todo depende
Ante la coyuntura de un desastre, el futuro económico de Colombia, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, se mueve entre el optimismo y la duda, pues el resultado depende de la manera en la que se haga la tarea.
La declaratoria de una emergencia económica, a través del decreto emitido por el gobierno de De La Espriella, dará pie para expedir nuevas medidas que, además de ayudar de forma rápida a la atención humanitaria, también aceleren la reactivación. Pero allí están esbozados varios mensajes que ponen a prueba la esperanza de que, en medio de la tragedia, se logre movilizar la economía del país. “La situación de caja es precaria en extremo. En los últimos tres años, los presupuestos de recaudo se han incumplido, afectando el financiamiento del presupuesto”, dice el documento. Y agrega además que “por las afectaciones en términos de vidas humanas, destrucción de viviendas y efectos sobre la infraestructura, el terremoto generará inequívocamente un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía, la riqueza nacional y el bienestar general”.
En una posición similar, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, sostiene que, en casos como estos, la evidencia del efecto de un desastre sobre la economía ha sido mixta. “Cuando se hacen esfuerzos de reconstrucción de forma mancomunada y se logra canalizar inversión, se han obtenido repuntes en cifras de crecimiento dentro de los periodos de reconstrucción, aunque no muy inmediatos”.
Pero, desde su perspectiva, si no se coordinan y ejecutan de forma organizada los recursos, lo que puede haber es un resentimiento de la demanda, pues “hay muchos negocios que debieron cerrar porque quedaron destruidos. Hay otros que, aunque fueron afectados, no van a tener el nivel de ingresos que sostenga sus costos fijos del mes”.
En el bando del optimismo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, tiene la expectativa de que la economía tendrá una nueva actividad relacionada con la recuperación tras el terremoto. “Vamos a tener que ofrecer una gran cantidad de empleo para la reconstrucción: desde ingenieros, albañiles, gente que hace puertas, que produce cemento o acero, hasta de sectores que prestan servicios para esos mismos trabajadores. Hay que buscar que sea un trabajo elaborado por empresas y mano de obra colombiana”.
La positividad o negatividad sobre la economía dependerá de la alineación entre lo que se ha perdido y lo que se puede generar con la reconstrucción. No en vano, dentro de los inventarios preliminares, y a partir de un censo realizado por Confecámaras en las regiones más impactadas por el terremoto, 270.000 empresas que tienen 1,4 millones de empleos en 127 municipios de cinco departamentos fueron expuestas al evento sísmico. Hasta ahora, el 85,8 por ciento de los negocios en las zonas golpeadas reportó algún tipo de daño y el 48,4 por ciento no puede operar.
Las zonas afectadas por el terremoto representan más del 14 por ciento de la economía del país y son intensivas en comercio, transporte y alojamiento, al igual que en industria manufacturera, agricultura y ganadería, es decir, actividades productivas que son determinantes para el crecimiento económico.
El plan de atención y de recuperación demandará inversiones estimadas en 30 billones de pesos, por lo que la esperanza es que esa cifra logre cambiar el libreto del PIB y se multiplique en empleos e inversión privada para compra de materiales, demanda de servicios y todo lo que pueda mover la aguja de la economía.