Hacia el mediodía del martes 31 de marzo, cuando ya finalizaba la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que se fijaría una posición sobre la tasa de interés de referencia, al chat de periodistas del Ministerio de Hacienda llegó una convocatoria inmediata a una rueda de prensa que no estaba programada.
En ella, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se retiró de la reunión tras desaprobar la propuesta de cuatro codirectores del Banco de la República –se deduce que son Leonardo Villar, Bibiana Taboada, Olga Lucía Acosta y Mauricio Villamizar, quienes conforman la mayoría– de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de referencia, hasta 11,25 por ciento. La decisión se sustentaba en las presiones inflacionarias, incluidas las derivadas de factores externos asociados al conflicto en Oriente Medio. Al panorama evaluado por los codirectores del Emisor se suman factores internos, como el impacto del aumento del 23 por ciento del salario mínimo y la alta probabilidad –cercana al 80 por ciento– de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre, que podría presionar los precios de los alimentos y el gas, así como la generación de energía.
El ministro Ávila, que habitualmente comparte el atril con el gerente del banco central, Leonardo Villar, para responder las preguntas sobre la decisión de política monetaria, ahora solo en la intempestiva rueda de prensa, calificaba como un “despropósito” la nueva alza en las tasas de interés, pues, según su criterio, van a inducir a una contracción de la economía en el actual contexto internacional y nacional.
Fue un duro crítico de las decisiones del Banco de la República, que calificó como supeditadas a encuestas de opinión y a las visiones de analistas de 25 entidades financieras y centros de pensamiento, consultados por su equipo económico, pese a que, por mandato constitucional, la entidad debe actuar con autonomía. “Con base en ellas decide el futuro de la política monetaria del país, sin tener en cuenta que allí hay intereses cruzados del mercado financiero, que buscan rentabilidad con la deuda pública”, dijo el ministro.
Tras las declaraciones de Ávila, Villar confirmó un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, el segundo en lo corrido del año, que eleva en 200 puntos el ajuste acumulado sobre un nivel ya considerado alto para el crédito. A juicio del Gobierno, esta decisión encarece el servicio de la deuda pública y resulta negativa para la economía, a tal punto que puede restringir su dinamismo. Ante los señalamientos del ministro de que las decisiones de la junta pretenden favorecer al sistema financiero, Villar manifestó su rechazo con un rotundo “no es así”.
Tensiones sí, pero no así
Las tensiones entre los Gobiernos y la Junta Directiva del Banco de la República son habituales: o porque desde las administraciones buscan que las tasas faciliten la dinámica económica y el equipo de expertos se resiste, o porque en algún momento, desde el Ejecutivo, pretendieron ‘controlar’ el precio del dólar, bajando las tasas a sombrerazos. Pero el deber constitucional del banco central es preservar el poder adquisitivo y mantener a raya la inflación.
Aunque las fricciones se hayan dado en el pasado, lo ocurrido el 31 de marzo, cuando el ministro abandonó la reunión de la junta por discrepancias con los otros codirectores, es algo inédito.
La situación escaló y provocó una fuerte controversia tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en el que confirmó el retiro del Gobierno del Emisor: “Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida”.
Las opiniones al respecto iban en aumento, y cerca de 300 firmas, entre empresarios, economistas y exministros, emitieron una carta abierta para exigir respeto a la autonomía del banco central. “La decisión del ministro de Hacienda de retirarse de una sesión de la junta resulta inconveniente y preocupante, en la medida en que puede interpretarse como un debilitamiento del respeto institucional que debe regir la relación entre el Gobierno y la autoridad monetaria”, señala la carta.
El expresidente Iván Duque, por su parte, se refirió al hecho: “El Gobierno cambió a los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”.
Representantes del sector financiero también le salieron al paso al ministro. Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, señaló que la subida de los 100 puntos básicos por parte de la junta “no beneficia a las entidades financieras como se señaló, sino que es una consecuencia de los desbalances macroeconómicos y en especial del alto déficit fiscal”.
Aunque el presidente Petro ha criticado al Banco de la República y ahora anuncia el retiro de la junta, hay que recordar que el Gobierno nombró tres codirectores —Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y César Giraldo, además del ministro Ávila— y en este mandato fue ratificado Villar como gerente del Emisor.
Un excodirector del Banco de la República calificó lo sucedido como “muy grave”. Explicó que la presencia del ministro de Hacienda en la junta está prevista como una herramienta de coordinación. “Esto no quiere decir que el equipo directivo deba acoger las propuestas del Gobierno. De hecho, si se habla de coordinación, el Gobierno, con el manejo fiscal, la está dificultando y obligando a que sea la política monetaria la que tenga que mantener a raya la inflación. Además, la coordinación entre el Gobierno y la junta es de doble vía”.
Uno de los decanos en el Emisor, Carlos Gustavo Cano, quien estuvo durante varios periodos en la junta directiva, destacó la decisión del Banco, al haber elevado de nuevo la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos. “Era previsible. Es una postura responsable y obvia. No había otra salida. Acertada decisión, a pesar del espíritu autocrático del Gobierno al pisotear la esencia de la colegiatura de nuestro banco central independiente. No se puede permitir que el populismo se apodere de la política monetaria”.
Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, señaló que el país acumula seis años sin cumplir la meta de inflación –del 3 por ciento– y que ya completa 12 meses sin descender, pese al alto costo que esta variable impone a la población. “El incremento de 23 por ciento en el salario mínimo, la descuadernada situación fiscal y el impacto de la guerra de Irán sobre el precio del petróleo y el gas llevarán a niveles de inflación superiores a 6 por ciento”, manifestó.
Estas, según Echavarría, son las razones por las que la junta directiva del banco central tomó su decisión con las tasas de corto plazo y, además, anticipó que tendrá que seguir subiendo otros 100 puntos en las próximas reuniones.
“Es importante aclarar que la tasa de interés relevante para el crecimiento del país no es la de corto plazo, la que fija la Junta Directiva del Banco, sino la de diez o más años, que ahora está alta, por las nubes, y depende más del riesgo país y de las acciones, principalmente fiscales, del actual Gobierno”, precisó.
¿Se puede ir el ministro?
Para el exgerente del Emisor, los gobiernos solo se preocupan por su periodo y estiman que la inflación es problema del próximo. “Si el Gobierno hace su tarea responsablemente, ¿para qué coordinar con el Banco? Y si lo hace mal, es mejor que no coordinen. ¿Habrá llegado el momento de que el ministro de Hacienda salga de la Junta del Banco de la República?”, se pregunta Echavarría.
Por ahora, los estatutos de la entidad (artículo 34, Decreto 2520 de 1993) establecen que la presencia del ministro es necesaria para sesionar, deliberar o decidir. La junta la conforman siete miembros: el ministro, el gerente y cinco codirectores. El quórum es de cinco miembros, pero uno de ellos debe ser el ministro. “Asistir a la junta es una función básica. No asistir sin justa razón es causal de falta absoluta con implicaciones disciplinarias”, explicó el excodirector.
De hecho, el expresidente Duque se preguntó: “¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional?”.
Así pues, ahora hay expectativa no solo por el futuro de la relación entre el Gobierno y el Banco de la República, sino por el impacto que pueda desencadenar esta ruptura. A juicio de Corficolombiana, tal situación refuerza la presión sobre la prima de riesgo país, más por deterioro de credibilidad que por restricciones operativas.
En el entorno quedan las dudas de si el Ejecutivo impugnará ante el Consejo de Estado la decisión tomada en la junta. Y si una modificación a las funciones e independencia del banco central formará parte de la asamblea constituyente que viene impulsando el Gobierno. El debate está abierto.