Por medio de un decreto, el gobierno ordenó el traslado de recursos de los Fondos Privados de Pensiones-AFP a Colpensiones.
Los mismos tendrán 20 días para trasladar la mitad de los recursos y 10 días más para el resto. Según el decreto, se podrá trasladar dinero en efectivo o inversiones admisibles para Colpensiones.
Para conocer el alcance del decreto, SEMANA dialogó con Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight y experto en temas laborales, para conocer los alcances y las bases jurídicas del anuncio.
SEMANA: ¿Cuál es el sustento jurídico del decreto que ordena el traslado de recursos y qué límites establece la normativa vigente del sistema pensional frente a este tipo de decisiones administrativas?
Camilo Cuervo: Pues el sustento jurídico para determinar ese traslado es el decreto mismo que expidió el Gobierno Nacional, que para mi gusto y para el gusto de muchos asesores es claramente un decreto ilegal porque está montado sobre la aplicación de una norma que está suspendida.
Entonces uno no puede reglamentar y poner a actuar una norma que no ha sido determinada como ejecutable y en ese sentido el tema pasa porque no tiene un sustento real; sin embargo, tiene una presunción de legalidad muy importante en esto que hace que puedan ejecutarlo, cobrarlo y, en ese sentido, pues no hay un impedimento.
SEMANA: ¿Qué implicaciones tiene este traslado masivo de recursos para la sostenibilidad financiera de los fondos privados y de Colpensiones, así como para la estabilidad del mercado de capitales en Colombia?
C.C.: Básicamente, es un tema de fondear al gobierno en un momento crítico para ellos en lo político, pues porque primero necesitan plata en la campaña, eso digamos que es claro hoy en día, pero segundo y más importante, es que se les avecina una crisis de caja muy significativa.
Como se les avecina una crisis de caja muy significativa, pues necesitan por todos los medios tratar de buscar caja para que no les estalle una bomba fiscal en la cara y, obviamente, pues son recursos frescos, son recursos muy muy altos; no son 25 millones, son 25 billones de pesos y, pues, lo tratan de conseguir.
De fondo, tienen algo de razón en cuanto a que, pues, la plata que tienen los fondos hoy, que pertenece a personas que se trasladaron a Colpensiones, pues es de Colpensiones; sin embargo, la norma, a pesar de que permite el traslado, todo el resto de la norma no está activa, no está en funcionamiento y no se puede exigir esa plata.
De hecho, aplicando la norma que es la reforma pensional, eventualmente esa plata solamente se podría causar cuando la persona se pensione, porque la misma norma contempla que la plata la tienen que seguir manejando los fondos hasta que la persona se pensione.
SEMANA: ¿Cómo se protegen los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los afiliados frente al traslado de sus ahorros, especialmente en términos de rentabilidad, portabilidad y condiciones de pensión futura?
C.C.: Pues en la práctica el traslado del ahorro se da pues porque la gente lo pide; yo creo que ahí no hay un tema de protección del ahorro propiamente dicho del trabajador porque el trabajador finalmente pidió trasladarse a Colpensiones y lo está pidiendo.
El tema pasa más por cómo se maneja la plata hasta que termine, hasta que se haga a la pensión y en este caso, pues antes de que la gente se pensione, lo que quiere el gobierno es coger la plata, trasladarla a Colpensiones, hacer políticas y fondear a Colpensiones para estos últimos dos meses de campaña que le faltan.